La comunidad de San Rafael se vio conmocionada por una denuncia en relación a residencias de menores a cargo de la Dirección General de Protección (DGP -exDinaf) de la Provincia, donde presuntamente se llevarían adelante abusos, maltratos y sobredosificación de medicamentos contra los niños, niñas y adolescentes alojados.
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Denuncias en San Rafael: el peronismo pone el ojo en los convenios y su control
Legisladores de PJ cuestionaron la firma de acuerdos con instituciones privadas para velar por la integridad de menores y apuntan contra la responsable del área
La situación tomó estado público a través de un descargo realizado por Kurt Ottosen, responsable de la asociación civil “Fuerza Activa”, que administró el hogar “Puentes de Amor” hasta el pasado 14 de julio, cuando la entidad decidió rescindir con la DGP. En el posteo, el joven dirigente denunció que recibió a los menores con sus derechos vulnerados.
A partir de esta situación, legisladores del Partido Justicialista miembros de las comisiones de Derechos y Garantías de ambas cámaras se presentaron en San Rafael a fin de obtener respuestas de las autoridades responsables.
En primera instancia, se reunieron con el fiscal que tuvo la investigación a su cargo -Iván Ávalos-, quien fue reemplazado por Mauricio Romano. Luego intentaron entrevistarse con la responsable de la DGP en San Rafael, Silvina Gómez, pero no fueron recibidos por la funcionaria.
La versión de los legisladores peronistas
El diputado José Luis Ramón, la senadora Cecilia Juri y la concejala Andrea Mattacota pasaron por TVA San Rafael, donde expusieron los argumentos que los llevó a viajar al Sur provincial.
El referente de Protectora advirtió que los hechos denunciados en los hogares tienen semejantes con el caso Próvolo y pidió la detención de Ottosen, para que dé explicaciones ante la Justicia de por qué no denunció la situación al tomar conocimiento de ella.
Además, anticipó que en caso de que Gómez no reciba a la comisión, solicitarán que sea “conducida por la fuerza pública si se niega a dar esta información, que es pública".
Por su parte, Juri hizo hincapié en “las condiciones en las que se celebran estos convenios con asociaciones y fundaciones; no vemos que haya una trayectoria en el cuidado de niños y niñas y adolescentes”.
Por ello recalcó que solicitaron en la Legislatura (vía pedido de informes) “conocer ese convenio, tiempo, fundamentos y cómo se realizaba el control en esos lugares”. Al no obtener respuesta, optaron por entrevistarse con la responsable del área.
Asimismo, denunció que en Mendoza no existe la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes creada por la Ley 9.139 (Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad) por “una decisión política”.
“Sería el lugar indicado para dirigirse para garantizar que se velen sus derechos”, pero -según reveló- desde el Ejecutivo les informaron que no implementa “supuestamente por falta de recursos”.
En ese sentido, Mattacota resaltó que no existe un organismo específico para controlar a esas instituciones. “En un momento el Comité contra la Tortura nos permitía hacer una mirada de estos espacios institucionalizados, pero hoy no sabemos quién entra ahí, quién mira, quién cuida”, subrayó.
Además, puso el ojo en la reubicación de los menores de “Puentes de Amor”. “Dicen que están en residencias de acuerdo a sus edades; pero según la información de algunos papás no sería así. Queremos conocer cómo se hizo el proceso de revinculación y en qué condiciones volvieron; una mudanza es traumática”, puntualizó.
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