El anuncio que realizó Alfredo Cornejo el 1º de mayo, respecto a que había firmado una adenda con Casa Rosada para que los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibió por los perjuicios por la promoción industrial (que en principio serían destinados a Portezuelo del Viento) sean liberados para otras obras, comenzará a debatirse en la Legislatura.
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Comienza el debate para ratificar la adenda que libera los fondos de Portezuelo
El gobierno provincial presenta el proyecto de ley que avala el acuerdo firmado entre Cornejo y Caputo, por el destino de los U$S1.023 millones.
El primer paso se dará a las 9.30 de hoy en el salón Azul, adonde los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentarán en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley para la ratificación de la adenda que lleva la rúbrica de Cornejo, el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, y el del Interior, Guillermo Francos.
A partir de entonces, el expediente será girado a comisiones, donde el oficialismo buscará lograr dictamen para cumplir con el paso obligatorio de que la Legislatura ratifique la adenda; y de ese modo sí poder contar con los fondos que el Ejecutivo prevé invertir en diversas obras energéticas e hídricas que garanticen repago, a fin de crear un fondo cíclico que se autoabastezca.
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Qué dice la adenda de Portezuelo del Viento que analizará la Legislatura Mendoza
Fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Mendoza el decreto que contiene la adenda al contrato por los fondos de Portezuelo del Viento, que Cornejo anunció en su discurso ante la asamblea legislativa.
Según se indica en el decreto, "los fondos objeto del acuerdo aprobado por el artículo precedente serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes".
Por otro lado, la modificación al convenio original incluye que se habilita el uso del dinero para "otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial que se ejecutarán conforme al régimen jurídico provincial".
Asimismo, y debido al flamante acuerdo, la Provincia aceptó "mantener indemne al Estado Nacional" de juicios como consecuencia de las responsabilidades o de la ejecución de las obras.
Según figura en la cláusula tercera de la adenda, el texto deberá ser ratificado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional y la Legislatura mendocina.