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Investigación por corrupción

Alberto Fernández se defendió de las acusaciones sobre la causa Seguros

El exmandatario negó haber tenido participación en las contrataciones y pidió más medidas de prueba. Qué declaró el expresidente.

Por Sitio Andino Política

Este viernes, el expresidente Alberto Fernández rechazó ante la Justicia las acusaciones en su contra en la Causa Seguros, reiteró que trató de implementar una política pública vinculada a las pólizas para organismos y negó haber tenido participación en contrataciones de manera particular.

Fernández amplió su declaración indagatoria en la investigación donde está acusado por supuesta defraudación y pidió más medidas de prueba, entre ellas la citación como testigos de Vilma Ibarra, Miguel Pesce, el exministro de Economía Martín Guzmán y el excanciller Santiago Cafiero.

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Así llegaba Alberto Fernández a tribunales este viernes.

Cómo fue la ampliación de la declaración

Según trascendió, el expresidente llegó a los tribunales federales de Retiro a las 12 y respondió durante casi dos horas preguntas del juez Sebastián Casanello, la fiscalía y la defensa.

Fernández se presentó en la causa por primera vez ante el juez Casanello, ya que en noviembre del año pasado había sido indagado por el anterior magistrado del caso, Julián Ercolini, ante quien no quiso responder preguntas.

Ahora el expresidente dio detalles sobre cómo funciona la “industria del seguro”, habló de su relación con el broker acusado Héctor Martínez Sosa y dijo que la firma de un decreto que habilitó la intermediación en la contratación de pólizas fue parte de una “política pública” y legal.

El juez tiene que resolver su situación procesal y la de otros 37 imputados, que fueron indagados por el anterior juez del caso.

La Cámara Federal porteña anuló este jueves la inhibición general de bienes de todos ellos, al entender que ya habían pasado cinco meses desde el final de las indagatorias -la última fue a principios de febrero pasado- sin que se hubieran resuelto sus situaciones, por lo que no había razón de urgencia que justificara esa medida restrictiva patrimonial.

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