Tal como lo hizo Milei en la Nación, en la provincia de Mendoza se busca modernizar el marco normativo mediante la derogación de leyes en desuso.
La vicegobernadora Hebe Casado lidera el equipo encargado de identificar todas las leyes, analizarlas y avanzar con iniciativas para la derogación o reforma.
A la espera de que la Legislatura de Mendoza sancione la llamada "ley hojarasca" que impulsa el gobierno de la provincia de Mendoza; ya se elabora la segunda etapa de esta depuración de leyes que lidera la vicegobernadora Hebe Casado. A principios de marzo, el Gobierno envió el proyecto de las mismas características que el que impulsó el gobierno de Javier Milei a nivel nacional, con más de 60 leyes a derogar.
El proyecto del gobierno provincial busca modernizar el marco normativo provincial mediante la derogación de leyes en desuso. La propuesta apunta a clarificar la legislación vigente. Se trata de normativas que han quedado obsoletas o sin efecto, por el avance tecnológico; leyes que han sido superadas por otras posteriores, o bien, que hacen mención a organismos disueltos o inexistentes
El proyecto ya tiene la aprobación del Senado y se espera que sea aprobado en Diputados en breve, luego de que el pasado martes la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le diera despacho. Sin embargo, deberá volver al Senado debido a que en ese dictamente se agregaron algunas Leyes y otras modificatorias de las que se quieren derogar.
Desde que se presentó el proyecto, el Gobierno explicó que este trabajo era el primer paso de un proceso que abarcará diferentes períodos legislativos hasta llegar a la actualidad. "Al inicio de la gestión, propusimos realizar un digesto dentro de la Legislatura. Para ello, necesitamos primero depurar las leyes que han quedado vigentes, aunque ya no tengan aplicación real", explicó Casado en ese momento.
El trabajo de depuración está a cargo de un equipo integrado por funcionarios legislativos, liderados por Lucas Faure, secretario legislativo del Senado provincial. Este equipo encaró la tarea de identificar todas las leyes, analizarlas con detenimiento y luego, avanzar con iniciativas para la derogación o reforma en caso de considerarlo.
En la primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950, de las cuales se propuso derogar 66. La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad.
Ahora se trabaja en la segunda inicitativa, que abarca leyes sancionadas entre 1950 y 1970, para continuar luego con períodos más recientes.
Entre las leyes a derogar de la primera etapa, se encuentran la 20, que creaba la Dirección General de Rentas de la provincia; la 37, que crea una serie de currículas vinculadas a la “moral y la higiene”, o la 371, que prohíbe el trabajo el día domingo.
También la 493, que regulaba las funciones de los comisionados escolares; la 986, de Administración Financiera; la 1270, que instauraba un protocolo de vigilancia epidemiológica para la tuberculosis en el ámbito educativo, entre otras.
En su tratamiento en la comisión de LAC de Diputados, los legisladores acordaron incorporarle otras normativas a las ya previstas para derogar, así como aquellas modificatorias de normativas que dejarán de estar vigentes.