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Estafa

Agravaron la imputación contra Iván Yoma por presuntas estafas y la Justicia investiga a más involucrados

La Fiscalía de Delitos Económicos sumó una nueva acusación contra el abogado mendocino, quien ya estaba imputado por presuntas estafas. Días atrás, Yoma se negó a declarar.

Por Carla Canizzaro

La investigación judicial contra el abogado mendocino Iván Yoma sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos formalizara una segunda imputación en su contra. En esta oportunidad, el Ministerio Público Fiscal lo acusó por el delito de usura agravada por la habitualidad, una figura que se incorporó a la causa junto con la imputación inicial por estafas genéricas.

La resolución judicial se enmarca en una investigación que analiza el funcionamiento de una presunta estructura financiera vinculada al otorgamiento de créditos prendarios con intereses considerados usurarios. Según la hipótesis de la Fiscalía, las operaciones habrían sido desarrolladas mediante distintas sociedades y nombres comerciales.

El fiscal a cargo encuadró tres hechos dentro del delito previsto en el artículo 175 del Código Penal, que contempla la modalidad agravada cuando la práctica de la usura se realiza de manera habitual.

La Justicia investiga una presunta estructura de préstamos prendarios

Además de la situación procesal de Yoma, el expediente avanzó sobre otras personas vinculadas a las sociedades bajo análisis, entre ellas Asesoría Legal S.A. y Libre Cayetano S.R.L. En ese contexto, la Justicia citó a declaración informativa a distintos involucrados con el objetivo de determinar el grado de participación que habrían tenido dentro de la presunta estafa investigada.

La fachada de las oficinas donde operraba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios.

La principal línea investigativa sostiene que habría existido una organización dedicada a la intermediación financiera mediante préstamos con garantía prendaria, utilizando distintas firmas comerciales para desarrollar la actividad.

Según la acusación, las operaciones se habrían canalizado a través de empresas como Crédito Libre Destino, Libre Cayetano y Asesoría Legal, entidades que para los investigadores formarían parte de una estructura destinada a captar personas con necesidades económicas y ofrecerles mecanismos de financiamiento. La Fiscalía también analiza los métodos utilizados para atraer clientes, entre ellos publicidad en redes sociales, difusión callejera y otros canales de promoción.

El rol que la Fiscalía atribuye a Iván Yoma dentro de la organización

En la resolución presentada ante la Justicia, el Ministerio Público Fiscal ubica a Iván Yoma como uno de los principales responsables de la estructura investigada. Según la acusación, el abogado habría tenido participación en el diseño del esquema societario, la autorización de operaciones, la definición de condiciones financieras y otros aspectos vinculados al funcionamiento del negocio.

No obstante, durante una declaración realizada en 2025, Yoma reconoció la existencia de una "sociedad de hecho" con un hombre identificado como G.C. Según explicó entonces, esa asociación estaba vinculada a la gestión de créditos prendarios que funcionaba dentro del edificio de Asesoría Legal S.A., ubicado en calle 25 de Mayo de la Ciudad de Mendoza.

Los elementos secuestrados tras los allanamientos.

Contratos incompletos y terceros como acreedores, bajo la lupa judicial

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la documentación utilizada en las operaciones de crédito. De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunos contratos y formularios habrían sido firmados sin completar y posteriormente llenados con información que, según los investigadores, podría no coincidir con las condiciones reales pactadas con los clientes.

Otro aspecto que forma parte del expediente es la presunta utilización de terceras personas como acreedores prendarios. Para la Fiscalía, esos individuos no habrían tenido una relación directa con quienes solicitaban los préstamos, lo que podría haber dificultado identificar al verdadero beneficiario de las operaciones.

Además, se encuentra bajo análisis el sistema de cobro utilizado. La acusación sostiene que los pagos se habrían realizado principalmente en efectivo dentro de oficinas vinculadas a la estructura investigada, con emisión de comprobantes a través de distintas razones sociales.

La causa no sólo busca determinar si existieron irregularidades en los préstamos, sino también establecer cómo funcionaba internamente la organización. Los investigadores asignaron distintos roles a las personas vinculadas al expediente, relacionados con tareas administrativas, captación de clientes, gestión de cobranzas, negociaciones, ejecuciones prendarias y participación societaria.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunos contratos y formularios habrían sido firmados sin completar.

Entre los involucrados aparecen personas vinculadas a la administración de las empresas investigadas y al manejo cotidiano de las operaciones financieras. La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades individuales dentro del presunto esquema.

Iván Yoma se abstuvo de declarar ante la Justicia

Durante la audiencia de imputación, Iván Yoma fue informado sobre los hechos que se le atribuyen, las pruebas incorporadas al expediente y sus derechos procesales.

El abogado decidió abstenerse de declarar, una facultad prevista por la legislación argentina que no implica reconocimiento de culpabilidad ni puede ser interpretada en su contra.

La investigación continuará con nuevas medidas probatorias y la toma de declaraciones informativas a otros actores vinculados al expediente.

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