Análisis

Lo Urgente y lo Importante

Ofende también a la buena técnica legislativa el modificar, derogar y cambiar por un DNU, cuestiones que van a dejar una legislación mutilada e incoherente, sujeta a cuestionamientos jurídicos, políticos y de constitucionalidad.

Las leyes que modifican o derogan parte, o artículos de otras leyes suelen generar algo de confusión. Cosa que no sucede cuando a una ley se la modifica en forma integral.

Desde el punto de vista económico también aparecen mezcladas dos cosas completamente distintas. Una claramente urgente que es la estabilización de la economía y una importante que es la desregulación y liberación de las actividades productivas comerciales y contractuales.

Lo primero y lo urgente es estabilizar, la característica principal de la economía argentina es su inestabilidad. Durante los últimos ochenta años la inflación, la distorsión de precios relativos, la inestabilidad del tipo de cambio ha generado millones de pobres, ausencia de inversión de largo plazo, inequidad, y falta de crecimiento. En los raros periodos de estabilidad y equilibrio presupuestario se produjeron tímidas recuperaciones que terminaban con una nueva crisis, básicamente por descontrol de las cuentas públicas, extravagantes subsidios, exagerado endeudamiento o emisión monetaria.

Lo segundo y no tan urgente es bajar la excesiva regulación de la economía argentina, que en muchos casos surge como consecuencia de la inestabilidad. Por ej. si no existiera la inflación no sería necesario regular la actualización de los contratos de alquiler.

En este orden de ideas parece razonable invocar la necesidad y urgencia para la aprobación de un DNU en relación con todas las medidas tributarias, fiscales y de reestructuración del sector público, que faciliten la estabilización. Es difícil celebrar contratos si no se sabe cuál es el valor del peso, mañana pasado o el año que viene, por más desregulación que se intente.

Y el resto de las reformas que constituyen un verdadero programa liberal debería plasmarse en proyectos de ley que respeten la separación de temáticas y materias sobre las que se legisla. De manera que si hay reformas que no obtienen la mayoría, esto no resulte un obstáculo para aquellas reformas que podrían contar con mayoría.

Volviendo al principio, el principal requisito para lograr la estabilidad es lograr la eliminación del déficit fiscal, ordenar la deuda pública y sanear el balance del Banco Central.

Ahora, si este gobierno quiere realmente ir al fondo de la cuestión no se necesitan tantas leyes. No hace falta autorización legislativa para gastar menos, ni para implementar medidas de austeridad republicana, como suspender programas, eliminar fondos fiduciarios, suspender transferencias, poner personal en disponibilidad, aunque siga cobrando un sueldo. Esas eran las banderas de quienes ganaron las elecciones, sino me equivoco el sacrificio lo debe hacer el sector público. El sector privado solo pide que lo dejen trabajar.

Excepto por afectación especifica de impuestos, en general no existen leyes que obliguen al estado nacional a transferir dinero a organismos descentralizados empresas públicas o provincias por incapacidad para financiar sus actividades, en todo caso deberán adecuar su actividad a los recursos recibidos.

Me parece que la promesa de campaña que el costo del ajuste lo debe pagar la política es demasiado fuerte y no puede soslayarse, a riesgo de que empiecen a aparecer las desilusiones. La licuación de salarios y jubilaciones es un método provisorio y muy injusto. La mayoría de las personas espera cambios profundos y permanentes en el estado.

Tampoco se ve la predisposición de los demás poderes a establecer cambios sustantivos en el funcionamiento de esas instituciones. No creo que en este contexto sea razonable que por cada legislador se necesiten 50 empleados. No importa que el ahorro no sea significativo, importa el gesto.

Además, con esta nominalidad galopante la cifra del ahorro logrado con cada reducción del gasto no dice nada.

En cambio, en política los gestos lo dicen todo.

*Por Javier Cófano, Analista Económico de Fundación Fundar.

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