El proyecto de Reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia que propiciaba el oficialismo provincial sufrió un revés inesperado y quedó en suspenso (por lo menos por unos días) después de que la interna que vive la oposición nacional se filtrara claramente en el debate.
Lo que parecía un trámite con más o menos críticas, debido a las mayorías oficialistas en ambas Cámaras, se trastocó en las últimas horas de ayer después de un par de acontecimientos llamativos, que terminaron con el PRO y el senador Difonso retirando las firmas del dictamen.
Contrariamente a lo que se esperaba las críticas al proyecto y a la celeridad para tratarlo no provinieron solamente del Justicialismo, algo lógico y esperable, sino de reconocidos ex integrantes del Tribunal, académicos y -he aquí la sorpresa- foros mediáticos insospechados de oficialismo nacional y propios legisladores de Cambia Mendoza.
Quizás una de las situaciones que más pegó en el PRO y -no hay certezas pero tampoco dudas- incentivo las declaraciones (¿orden?) públicas de Omar De Marchi fue la durísima editorial del diario La Nación que cuestionaba severamente el proyecto.
Bajo el título Mendoza:La Justicia en peligro el tradicional diario asegura que “En los últimos períodos, el del gobernador kirchnerista Francisco Pérez y los dos de los radicales Alfredo Cornejo y Suárez, se ha postulado a personas de clara filiación partidaria para integrar la Corte provincial. Estos últimos, incluso, nominaron a sus propios ministros de gobierno. El gobernador Cornejo buscó, además, ampliar la Corte de siete a nueve jueces, tentativa frustrada en la Legislatura. El resultado de las designaciones de estos últimos tres gobernadores es un tribunal donde los fallos son justificadamente sospechados de parcialidad facciosa”.
Y agrega que “Las suspicacias aumentan porque la integración de los organismos de control prescinde de personas independientes y evita la postulación de miembros de la oposición”.
El matutino fundado por Bartolome Mitre afirma además “La Corte mendocina actúa en las controversias institucionales y, como tribunal de casación, en materia civil, comercial, penal y laboral; a tal efecto, está dividida en dos salas. En una predomina el oficialismo y en la otra, la oposición. Ese es el resultado de malas designaciones. La intención del gobierno es la eliminación de las salas para contar con una mayoría automática, según denuncian autorizadas voces que no pueden ser tildadas de filiación opositora”.
Pero el editorial del matutino carga también contra la idea de reforma de la Constitución provincial del oficialismo local y afirma; “Como si esto fuera poco el gobernador intenta una reforma de la Constitución provincial que pretende introducir para la elección de la Legislatura un sistema mixto de representación cuyo resultado aseguraría mayorías hegemónicas al gobierno de turno, como sucede en las provincias donde imperan oligarquías autocráticas”.
Para terminar reafirmando “Mendoza ha sido un ejemplo para el país por su firme límite a las reelecciones y al nepotismo. A la restricción de la reelección inmediata del gobernador o sus familiares directos, vigente desde 1895, se sumó en el gobierno de Cornejo la limitación de los mandatos de los intendentes. Es de lamentar que con este proyecto, como con las designaciones en los organismos de control, se inicie un paulatino proceso de deterioro institucional promovido por una fuerza política que integra la coalición opositora a nivel nacional, que se dice preocupada por frenar los persistentes ataques a las instituciones y a la división de poderes que desde el gobierno nacional se promueven sin vergüenza y sin cesar”.
En la misma línea el Jefe de Campaña de Horacio Rodríguez Larreta y diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, via su red social Twitter llamó a sus legisladores a no sumarse al movimiento reformista y aseguró que la reforma del Tribunal Supremo es un “tema serio que necesita una discusión profunda''. Lo ideal sería construir los consensos necesarios para que la decisión final mejore la vida de los ciudadanos”.
Y en línea con el editorial del matutino aseguró, “Luego de escuchar a reconocidos especialistas que opinaron sobre el proyecto, entendemos que no puede aprobarse de forma express y a libro cerrado. Hacerlo de este modo evidencia una pelea política por la apropiación de las decisiones de la Corte, que no le hace bien a Mendoza”.
La sensación que se apodera en estás horas del mundillo político da por sentado que la reforma quedará en stand by varios días, quizás hasta que la propia Corte acerque su propio proyecto previo consenso de todos sus integrantes.
Evidentemente más allá de las consideraciones partidarias, académicas y ciudadanas que se puedan tener sobre el proyecto de Reforma parece que los tiempos electorales empiezan a pesar en las discusiones legislativas y coyunturales, algo que en un tema de importancia trascendental como el funcionamiento de la Suprema Corte debería quedar definitivamente a un costado