La llegada de Carlos Melconian aporta a la campaña cierta racionalidad en la discusión electoral de los dos modelos en pugna (a pesar de tener en carrera tres candidatos) en la próxima tenida de las elecciones 2023.
Los temas de debate en la campaña para las elecciones 2023, se multiplican.
La llegada de Carlos Melconian aporta a la campaña cierta racionalidad en la discusión electoral de los dos modelos en pugna (a pesar de tener en carrera tres candidatos) en la próxima tenida de las elecciones 2023.
Racionalidad, sin embargo, no quiere decir que la propuesta sea superadora o tenga algún viso de ser fácil de aplicar o exitosa. Simplemente es la posibilidad que alguien con un discurso político y no violento exprese las ideas de lo que podríamos identificar como bloque de derecha en la discusión electoral.
La diferencia entre las propuestas de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio a partir del triunfo de Patricia Bullrich es cada vez menos perceptible pero es preferible discutirlas con alguien que capaz de articular sujeto y predicado que con alguien que asegura que contaminar un río tiene que ver con la propiedad privada y que en todo caso se dejará de contaminar cuando ese río tiene dueño.
Con ese nivel de irracionalidad es imposible cualquier construcción política o social que no sea dejar a una nación entera al borde del abismo.
Sí la campaña encauza sus debates será interesante plantear si lo que está proponiendo ese bloque de ideas y proyecto es achicar el Estado o eliminar la Nación. Parece terminante la alternativa, pero la desparición de la moneda o proponer "entregar" los ríos al mejor postor después de contaminarlos o privatizar el uso de las veredas más de la desaparición de todas las dependencias del Estado ¿qué seria?
Un par de días antes de que el Ministro y candidato oficialista, Sergio Massa, catalogara a la propuesta de Juntos por el Cambio como “dolarización cobarde” en este mismo espacio explicamos que no había diferencias entre ambas ideas.
En un contexto cada vez más difícil para los ciudadanos de a pie, la dirigencia política y empresarial parece trabajar para profundizar la crisis y que el fenómeno de los libertarios embajadores de la ultraderecha y el desquicio siga creciendo.
Uno de esos claros ejemplos es el manejo que hacen las provincias y municipios de su recursos que, en algunos casos, quedaron en evidencia con el pago del bono de recomposición salarial.
En los últimos años se está dando un fenómeno de municipios y provincias que se declaran pobres pero están sentados sobre miles de millones de pesos invertidos en plazo fijos o inversiones financieras en vez de destinarlos a obras públicas o mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. El Gobierno Nacional salió a blanquear la mecánica de los estados financistas y especuladores a partir de la negativa a pagar el bono.
La provincia de Mendoza y sus municipios, si bien van a pagar el bono, no es menos cierto es que la situación es similar.
El economista Nicolas Aroma,un joven estudioso de las cuentas provinciales denunció esta semana en sus redes sociales que la provincia recaudó hasta Junio 40.000 Millones de pesos por intereses financieros de fondos ociosos lo que significa 16 mil millones de pesos más que lo que se recauda por automotor, inmobiliario y sellos juntos. Inexplicable.
La situación en los grandes actores concentrados de la economía no es distinta solo un pantallazo a lo que pasó en los últimos años con la redistribución de la economía sustento a las afirmaciones.
El reciente informe de coyuntura de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) advierte que los resultados electorales no pueden disociarse de lo económico y de la coyuntura de los bolsillos ciudadanos, o sea de la crisis que “azota a la economía desde el ocaso del gobierno anterior y que el actual no logró modificar”
La situación no es una fase recesiva consolidada ya que el nivel de actividad económica en el primer semestre del año creció al 1% interanual si se excluye al sector agropecuario afectado por la sequía. Un dato al respecto es que a pesar de la tendencia descendente de la actividad económica desde mediados del año pasado, la generación de empleo no cesó y acumula la creación de 1 millón de puestos de trabajo formales durante el gobierno del Frente de Todos, que se divide en partes iguales entre asalariados y trabajadores independientes.
Esta creación de puestos de trabajo es uno de los factores que permiten sostener el consumo privado e impedir la consolidación del proceso recesivo. Pero, advierte CIFRA, resulta impotente para revertir el bajo nivel salarial heredado del gobierno de Juntos por el Cambio en un contexto de alta inflación. De allí que en el esquema de “ganadores y perdedores” que se tendió a consolidar bajo este gobierno, los sectores populares se quedaron con la peor parte, en tanto que los grupos económicos y las empresas oligopólicas sacaron la mayor tajada.
Este cuadro de situación podría ser una frase hecha sin embargo no lo es y los números lo demuestran. En primer lugar, la abultada transferencia de ingresos del trabajo al capital que se cuantifica que asciende a 101 mil millones en los últimos 7 años (poco más de la mitad de esa transferencia se consolidó en este Gobierno).
En segundo lugar se puede destacar la fuerte tendencia a la elevación de la rentabilidad de las grandes empresas oligopólicas y, en especial, las que detentan la estrategia de la conglomeración empresarial, en base a su capacidad de imponerse en la carrera de precios.
Entre 2016 y el primer semestre de 2023, destaca el trabajo de Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti para CIFRA , los precios de las ramas altamente concentradas ascendieron 15% por encima de los precios al consumidor y los de las ramas concentradas con predominio de grupos económicos lo hicieron 26% por encima contrariamente sus costos salariales cayeron 24% y 33% respectivamente.
También se advierte en la elevada rentabilidad sobre ventas que declaran en sus estados contables de la primera parte de 2023 empresas como Ternium (30,3%), Aeropuertos Argentina 2000 (28,3%), Arcor (12,8%) o, entre otras, Molinos Río de la Plata (9,6%).
Estos grupos son los que deben hacerse cargo por sí mismo sin asistencia del Estado del bono de compensación y para ello deberían desembolsar alrededor de 218 mil millones de pesos, que equivalen al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años.
Como se ve el impacto para las empresas concentradas y grandes no parece demasiado pero el tema es que para los trabajadores tampoco. Si se parte del supuesto de una inflación mensual promedio del 10% en agosto y septiembre y una variación nominal del salario en función del promedio mensual del segundo trimestre, con la “suma fija” el salario promedio real de los trabajadores registrados en el sector privado sería, en septiembre, 4% superior al de junio pero 13% inferior al de noviembre de 2015.
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