opinión

De la serie Intimidad a la pornovenganza, pasando por tu celu

La pornovenganza, o difusión de videos privados sin el consentimiento de la víctima, debe ser delito también en Argentina.

Por Myriam Ruiz

El celular suena con ese extraño ronquido que significa que ha llegado un mensaje. Es un video, lo abro como siempre y me encuentro cara a cara con dos desconocidos gimiendo en pleno acto sexual. Alguien me dice que los desconocidos son en realidad dos personas del pueblo, y que el lugar en el que están (supuestamente en horario de trabajo) es una institución pública, no importa cual. Mi cabeza de periodista me dice que si es una institución pública habrá lío; y mi lado femenino de inmediato se pone del lado de la mujer. "Va a sufrir" pienso y recuerdo esa mala palabra (pornovenganza). Lamento el instante en que confió en ese hombre.

Lo que cuento pasó esta semana en Mendoza, como ya ha ocurrido antes aquí o en cualquier lugar del planeta. Una pareja de amantes-novios-matrimonio que se filman y luego de un tiempo -tal vez cuando ya son ex- ese video sale a la luz. En todos los casos que conozco, fue el hombre el que compartió el material a otros. Y también fue el hombre el que salió ileso del escarnio público.

Hay una serie española en Netflix que narra a la perfección esto que, en tiempos de redes sociales, es cada vez más común. Lo llaman sextorsión, extorsión digital o pornovenganza, aunque no todos los términos significan lo mismo.

La serie se llama Intimidad, es una de las ofertas más exitosas del streaming del último año y narra la historia de dos mujeres -una es candidata a alcaldesa, la otra obrera de una gran fábrica- y cómo su vida se ve afectada por la divulgación de videos eróticos no autorizados por ellas. Una de ellas, la mujer política decide luchar contra la condena social y hace del derecho de las mujeres su bandera; la otra, Ane, se suicida ante la condena de sus compañeros en la fábrica.

La verdad es que Intimidad narra la historia real de una de ellas. En 2019 España se vio conmocionada por el suicidio de una joven que trabajaba en la empresa Iveco. Un día, a uno de los trabajadores de la fábrica le llegó un video íntimo de la joven, enviado por alguien con quien había tenido una relación casual.

El video pasó de mano en mano, de teléfono en teléfono hasta que todos en la ciudad sabían de lo que se hablaba. Y de lo que se hablaba era de la honorabilidad, o de la falta de ella, de esta mujer. Verónica, tal era su nombre, se suicidó.

En la serie, su caso está planteado tal cual ocurrió. Su vergüenza al enterarse que todos sus compañeros (2500 obreros, casi todos hombres) habían visto el video y la raíz machista que queda en evidencia cuando ella pide ayuda a sus jefes por lo que ocurría pero nadie hace nada por ayudarla.

Verónica se quitó la vida dos semanas después de enterarse que muchos de sus compañeros habían visto y compartido su video. España, que ha avanzado en los delitos digitales, investigó y buscó a cada persona que reenvió el video privado desde su celular. La pena va de 3 meses a 1 año de prisión además que prevé sanciones económicas dependiendo de la denuncia realizada por la familia de la víctima.

En Argentina, si bien el delito es visto desde el código civil no ocurre lo mismo desde lo penal. Un tipo de acoso o violación de los derechos de este tipo debe ser canalizado sólo como hostigamiento o chantaje.

Actualmente hay dos proyectos de ley con tratamiento en el Congreso de la Nación. La Ley Olimpia y la Ley Belén, esta última por Belén San Román una joven policía bonaerense que se quitó la vida luego que su expareja difundiera videos e imágenes privados de ella, algo de lo que nunca pudo sobreponerse.

"Espero que el día de mañana, cuando a alguien le quieran mostrar este tipo de cosas, lo piense y se acuerde de lo que pasó con Belén, que le diga a esa persona ‘borralo, no lo reenvíes, acordate de lo que pasó con esa chica de Bragado’", dijo Marcelo San Román, padre de la víctima.

La pornovenganza o sextorsión vuelve público algo que ocurrió en el ámbito privado con el agravante que al ser publicado en las redes o compartido en whatsapp la víctima padece lo que los expertos llaman la "infinitización" del dolor.

Aquí entra nuestra parte. Hablamos de un delito y de un ataque que ocurre a nivel social. Es entonces que, como sociedad, somos nosotros quienes debemos cortar esa cadena perniciosa y jamás reenviar un material como este.

Cortar con esa cadena de envíos y decirle a quienes tenemos cerca que no lo envíen es lo más fuerte que podemos hacer para salvar y salvarnos de esa innecesaria caldera del diablo.

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