Dos hombres podrían ser sentenciados con hasta 6 años de prisión si la Justicia los encuentra culpables de más de 50 estafas, en las cuales les prometían a los denunciantes carpetas del IPV a cambio de una suma de dinero.
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Pidieron hasta seis años de prisión para dos supuestos estafadores de casas del IPV
Hugo Figueroa, quien se hacía pasar por empleado del Instituto Provincial de la Vivienda y Daniel Opazo, su supuesto socio, son los hombres que están sentados en el banquillo de los acusados en la Primera Cámara del Crimen y señalados como los responsables de las maniobras delictivas que se produjeron desde junio de 2009 hasta finales de febrero de 2012.
Figueroa acusado de 58 causas se presentaba como empleado del IPV y ofrecía carpetas de viviendas a cambio de una suma de dinero que iba de los $3 mil a los $30 mil. Por su parte, Opazo, señalado en 51 causas, era el encargado de buscar a los supuestos interesados y en tres ocasiones, comprobadas, habría recibido dinero. Las carpetas nunca llegaron a manos de los interesados y la estafa es superior a $390 mil.
Por su parte, este mediodía la fiscal Claudia Ríos en sus alegatos solicitó la pena de 6 años de prisión para Figueroa y 4 para Opazo, ya que se ha probado la culpabilidad de los imputados. Para esto, Ríos se basó en las declaraciones de los denunciantes, como la de Eduardo Correa quien indicó que creyó en Figueroa porque le pedía documentación de su familia y le entregó un código de la supuesta carpeta.
Estas personas confiaron en Figueroa quien aparentaba tener un buen pasar económico. Muchos solicitaron préstamos para pagarle y acceder a una vivienda, sostuvo la fiscal.
En relación a Opazo, Ríos alegó que se amparaba en la confianza depositada por sus compañeros de trabajo, ya que era delegado gremial, y los convencía para que les pagara. Por esto, Opazo fue señalado como co-autor del delito de estafas.
Hay un beneficio económico claro de ambos, finalizó la fiscal y solicitó, además, que aumente el monto de la caución para ambos -era de $10 mil- llegando a los $100 mil para Opazo y $150 mil para Figueroa.
Todos negligentes
Por otro lado, los abogados de la defensa hicieron hincapié en la negligencia en la que habrían incurrido los denunciantes, por lo que ambos solicitaron la absolución de sus clientes.
Los letrados remarcaron que en ninguno de los casos se confirmó que haya existido estafa, ya que lo ocurrido se basó en el accionar negligente de los denunciantes.
Todos sabían que lo que hacían no era legal o correcto, indicó Martín Ríos, representante de Figueroa.
Si bien ambos defensores coincidieron en la conducta moralmente repudiable de sus clientes, indicaron que no se trató de una estafa.
Se trata de gente desilusionada, pero todos sabían muy bien cómo venía la mano, alegaron y solicitaron la absolución lisa y llana para sus clientes.
La sentencia, en manos del juez Víctor Comeglio, se conocerá el próximo viernes.