La renegociación del contrato firmado por el Instituto de Juegos y Casinos con las casas de apuestas privadas ya hace crujir la relación entre las distintas áreas internas del Ejecutivo.
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Contrapunto entre la Fiscalía y Juegos y Casinos por los contratos de los tragamonedas
Desde el organismo investigador se despegaron de la continuidad de la renegociación con los privados. Bianchinelli había asegurado que es necesario un dictamen.
Este jueves, desde la Fiscalía de Estado señalaron que no son responsables de la renegociación, situación que había sido apuntada por el flamante titular de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, a un matutino local.
La situación es la siguiente: Juegos y Casinos firmó, durante la gestión de Celso Jaque, un contrato con la empresa Mendoza Central Entretenimientos, vinculada al grupo Vila-Manzano, para instalar 200 tragamonedas en los casinos estatales.
El pago se iba a realizar con la recaudación de las máquinas en un aporte que se iba a incrementar progresivamente desde el 26% hasta el 47%.
Pues bien, en los últimos meses, el Ejecutivo advirtió que superando la barrera del 40% que actualmente percibe la firma, el casino estatal comenzaría a perder dinero para pagarle a la empresa que instaló los tragamonedas.
De modo que desde el instituto se está buscando una salida elegante para evitar que el casino estatal tenga que destinar recaudación de otras áreas a financiar un contrato evidentemente pernicioso para el organismo.
En ese proceso asumió la presidencia del Instituto el ex diputado provincial Carlos Bianchinelli, dirigente del sector azul que reemplazó a Nidia Martini. Según indicó Bianchinelli a un matutino local, el casino estatal está intentando llegar a un punto de equilibrio que seguramente avanzará una vez que esté el dictamen del fiscal de Estado.
La salida a la que el Ejecutivo apuntaría es incrementar la participación del estado provincial en el negocio para evitar la pérdida, para lo que necesitaría que la Fiscalía advierta algunas irregularidades en el contrato firmado por la administración Jaque, con Daniel Pereyra como funcionario responsable.
Pero desde el organismo deslindaron su responsabilidad en el avance de la renegociación. Nosotros analizamos la legalidad del contrato, pero no hemos pedido la suspensión de actos administrativos, indicó Javier Fernández, Fiscal de Estado Subrogante que trabaja en reemplazo del suspendido Joaquín De Rosas.