El proyecto de ley 3135 D, que fue impulsado por primera vez en 2008 y que busca la reparación histórica para los cesanteados por la dictadura militar a lo largo y ancho del país, aún es incierto ya que actualmente es dicutido en comisiones dentro del Congreso.
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Es incierto el futuro del proyecto que busca retribuir a cesanteados de la dictadura
La norma busca impulsar beneficios económicos para los empleados despedidos de la administración pública por causas políticas o sindicales. Aseguran que falta el visto bueno del Ministerio de Economía para que sea tratado.
La iniciativa intenta retribuir económicamente a miles de empleados públicos que fueron expulsados injustamente de sus empleos durante ese negro periodo de nuestra historia.
El texto, presentado por los diputados nacionales Patricia Fadel (foto) y Roberto Robledo, de Mendoza y La Pampa respectivamente, incluye a más de 20 mil ex trabajadores de los ámbitos nacional, provincial y municipal, quienes recibirían una suma importante de dinero equivalente a 30 sueldos clase A en concepto de subsidio por única vez.
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Patricia Fadel, diputada mendocina firmante del proyecto.
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La idea es intentar retribuir un poco de lo que perdió una gran cantidad de gente, que en algunos casos nunca pudo volver a rehacer su vida y es justo que el estado se haga cargo, aseguró la diputada del Frente para la Victoria a SITIO ANDINO.
Actualmente, el proyecto es discutido en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, donde se realizaron varias modificaciones al texto inicial para que los beneficiarios no deban pagar impuestos sobre el dinero que recibirán y, en caso de fallecimiento, el subsidio pueda ser recibido por un familiar.
Una vez que esas dos comisiones aprueben el proyecto, lo que se descarta que sucederá antes de fin de año, la decisión quedará en manos de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el visto bueno a la ley es mucho más complicado.
Es que el gasto que esta retribución le ocasionaría al estado superaría los 600 millones de pesos, monto que el ministerio de Economía no estaría dispuesto a aprobar a la brevedad y se instruiría a los legisladores para que traben su tratamiento en el recinto.
Lamentablemente falta la decisión del ejecutivo para que la ley sea aprobada, sabemos que el monto que se necesita para hacer frente a este proyecto es bastante alto, pero me parece que puede ser tomado como una inversión para ayudar a mucha gente que sufrió en carne propia la dictadura militar, aseguró la diputada justicialista mendocina.
Por estos motivos, un importante grupo de cesanteados está intentando difundir y expandir la noticia para presionar a los legisladores para que el proyecto sea tratado en las Cámaras.
La agrupación de ex estatales, que se reúnen todos los viernes a las 17 horas en 25 de mayo 585 de Ciudad, piden a todas las personas cesanteadas de la administración pública durante la última dictadura que se comuniquen a los teléfonos 0261 156 79 72 18 o al correo electrónico cesanteadosdictaduramilitarmza@hotmail.com para comenzar a confeccionar las listas y participar de las reuniones con autoridades ejecutivas y legislativas planificadas para los próximos meses.
Mendoza tiene el único antecedente de retribución a estatales despedidos
En el año 2006, durante la gestión del actual vicepresidente Julio Cobos (foto), el Estado provincial abonó 30 mil pesos a cada uno de los 1490 mendocinos que fueron echados u obligados a renunciar a sus empleos en el estado entre 1976 y 1983.
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Este es el único antecedente en todo el país donde un gobierno logró cumplir con la ley de cesanteados y, luego de varias suspensiones y un arduo trabajo para recabar información sobre cada uno de los trabajadores.
Sin embargo, al momento de anunciar el pago a los estatales despedidos durante el proceso militar, Cobos anunció que, además, las personas que recibieron el dinero tendrían prioridad para acceder a planes de vivienda del IPV, algo que nunca fue cumplido.