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Estrategia

El Gobierno se prepara para defender la legalidad de los contratos petroleros

La Suprema Corte declaró inconstitucional el pago de un “valor llave” que las comunas reclaman que se les coparticipe. El Ejecutivo explicará que la Legislatura ratificó la negociación.
Por Matías Malagoli
El Gobierno Provincial está preparando la defensa, ante la Suprema Corte, de los contratos petroleros firmados en 2010 cuestionados por el máximo tribunal judicial de la provincia a raíz de un reclamo de la municipalidad de Capital que pretende la distribución entre las comunas de 700 millones de dólares.

Se trata, concretamente, de la prórroga de los contratos petroleros negociada en 2010 por la gestión de Celso Jaque, cuando el actual Gobernador Francisco Pérez era ministro de Infraestructura.

En aquel año, la provincia renovó las concesiones petroleras por 25 años a las firmas YPF, Petrolera El Trébol y Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros, extendiendo los contratos hasta 2025.

Entre las condiciones de la renegociación se determinaron aportes por producción extraordinaria y, como cambio más importante, la cancelación de un “pago inicial” conocido en la jerga empresaria como “valor llave”, que implicó aportes hasta hoy por 700 millones de pesos.

Todas estas condiciones se determinaron en los decretos 1547 y 3089 del 2010. En realidad, la intención inicial era arribar a un acuerdo con el radicalismo para la sanción de una ley marco para la renegociación de los contratos.

Pero el dialogo político fracasó, el gobierno de Jaque avanzó vía decreto y concretó la renegociación estableciendo que el dinero del pago inicial se quedaría en las cuentas provinciales y que sólo se coparticiparía el canon por producción y renta extraordinaria.

Meses más tarde, la municipalidad de Capital iniciaría un reclamo pidiendo el reparto entre todas las comunas de esos millones de pesos de pago del valor llave que tuvo respuesta de la Suprema Corte en los últimos días del 2012.

Concretamente, el tribunal determinó que para determinar que el dinero del pago inicial no es coparticipable el Ejecutivo debe contar con una ley.

Por estos días, el Gobierno prepara la defensa ante ese fallo, en la que argumentará que si bien la renegociación se realizó vía decreto, estos fueron ratificados por la ley 8393 (que a su vez ratifica el decreto 2054/11 que ampliaba el presupuesto de ese año basándose en la renegociación).

La defensa, que  será presentada tras la feria judicial, está siendo elaborada por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación a cargo de Francisco García, mano derecha de Paco Pérez quien también estuvo a cargo de los temas legales del ministerio de Infraestructura en la época de la firma de los contratos.

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