Luego de recibir las últimas pericias que se habían solicitado, el fiscal especial Santiago Garay firmó hoy la prisión preventiva para el policía Darío Agosti, quien está acusado de asesinar a Ezequiel Torres por error durante un asalto en el minimarket de su madre.
El pedido del magistrado caerá ahora en manos de un Juez de Garantías que deberá decidir el futuro de Agosti. Si se acepta, lo más posible es que el uniformado, quien pertenecía a la División Policía Rural, quede detenido hasta que la causa llegue a juicio.
Si el Juez rechaza el pedido, el expediente volverá a manos del fiscal especial, quien deberá reunir más pruebas para avanzar en su investigación.
|
|
El policía acusado está preso en San Felipe desde hace un mes, y su abogado Pablo Cazaban, intenta obtener el beneficio de prisión domiciliaria, algo que fue rechazado por el magistrado.
El letrado hizo saber su intención de calificar el caso como un hecho de legítima defensa putativa, aunque para el magistrado que lidera el expediente es un típico homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Cabe recordar, que el efectivo no fue recibió el agravante de ser integrante de la fuerza (lo que significaría una pena de prisión perpetua) porque al momento del hecho estaba de franco.
Torres fue asesinado el 11 de noviembre en un almacen de calle Pedro Vázquez de Maipú. El joven llegó hasta ese negocio con la intención de hacer algunas compras, pero en ese momento, un grupo de delincuentes irrumpió en el lugar con intenciones de robar.
La dueña del negocio empezó a gritar, lo que advirtió del robo a su hijo, Darío Agosti, un efectivo de Policía Rural.
El uniformado estaba dentro de la casa y corrió hasta el minimarket. Allí se enfrentó a tiros con los supuestos malvivientes y después le disparó dos veces a Torres, creyendo que era un ladrón.
Fue el propio policía quien, advirtiendo que había cometido un error, llevó al joven al hospital, pero Torres falleció a los pocos minutos.
Desde ese momento, Agosti está detenido (también fue separado de la fuerza) y en caso de ser sometido a juicio arriesga una pena de hasta 33 años de prisión en caso de ser hallado culpable.