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Aborto no punible: denuncian "falta de voluntad política" del Gobierno para aplicarlo

Desde la organización MUMALA presentaron más de 30 denuncias en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Acusan al Ejecutivo de "obstruir" la aplicación del protocolo.
Por Marisa Alarcón

Esta mañana desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA) denunciaron al gobierno provincial ante la Defensoría del pueblo de la Nación; el delegado provincial, Ricardo Puga, recibió más de treinta denuncias donde se solicita la aplicación del protocolo de aborto no punible.

Según explicó la titular de MUMALA, Silvina Anfuso, el Ejecutivo está “obstruyendo” la aplicación de la guía y en ese sentido manifestó que “ponen el foco en la Legislatura, hay una voluntad política de no aplicarlo”, indicó.

El artículo 86 del Código Penal establece qu: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Sin embargo lo que esta agrupación señala es que a pesar de que la interrupción del embarazo sea un “derecho constitucional” que contempla el Código Penal no, existe una guía integral de aplicación.

En ese sentido Anfuso acusó también al ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, de poner palos en la rueda y de esa forma intentar frenar la aplicación del protocolo, ya que el funcionario ha declarado en reiteradas ocasiones que “desconocer el pensamiento de la Iglesia sería una torpeza”.

En cuanto a la media sanción de la Cámara de Diputados que tiene la “Guía técnica para la atención integral de aborto no punible”, y que ahora el Senado analiza en comisión el proyecto, desde MUMALA consideran que esa sanción es una forma de presionar al Poder Ejecutivo para que lo implemente en la provincia, pero que es el Gobierno quien debe encargarse de concretar la forma de acceder para las mujeres y que en esos casos la interrupción no debe ser judicializada.

Por su parte Puga, explicó que al ser Mendoza una provincia autónoma es necesario que la Legislatura adhiera al protocolo nacional para que pueda aplicarse, tal como sucedió con la adhesión a la ley de discapacidad.

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