Esta noche el Parlamento Argentino dará por aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que plantea el refinanciamiento de la deuda contraída por el Gobierno anterior y que junto con la ya renegociada con los acreedores privados condiciona severamente el futuro de nuestro país.
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¿Declarar la guerra o hacer cumplir la ley?
El Gobierno viene planteando durante los largos meses de pandemia que se consumieron casi los dos primeros años de gestión que cerrar los acuerdos junto con el control de la pandemia permitirían comenzar una gestión destinada a cumplir las promesas de campaña.
La realidad suele ser más dura que las intenciones y terminada la negociación con el Fondo el Ejecutivo se topa con otra pared gigante que es la realidad multicausal de la economía argentina que tiene como general de guerra a la inflación.
El número de febrero y lo que se ya se viene en Marzo potenciado por el aumento combustibles y la fiebre remarcatoria que desató en estas horas el anuncio destemplado del presidente sobre el supuesto comienzo de la guerra contra la inflación pintan un panorama bastante preocupante que como expresamos un par de días atrás trae consigo una tensión social importante.
En los primeros 15 días de marzo el relevamiento que realiza la Secretaría de Comercio Interior en el área metropolitana revela que los alimentos escalaron 2.6 por ciento. Por diversas razones entre las cuales el componente especulativo tratando de cubrirse de posibles congelamientos y otras hierbas ocupa un lugar importante.
En esa línea los frigoríficos exportadores anunciaron que se retiraban del programa de care cuidada, el Gobierno reaccionó rápidamente mediante el Ministro de Agricultura que contraataco advirtiendo que el que no cumpliera el acuerdo sería retirado del registro de exportadores. Unas horas después el Consorcio ABC anunció que continuaba dentro del programa y se aprestaba a una nueva ronda de negociaciones con el gobierno para mantenerse dentro del programa que prevé la distribución de los 7 cortes más consumidos a precios regulados en bocas de supermercados.
Mientras mañana mismo y el lunes el Ejecutivo convocaron a reuniones con sindicatos, empresas y cámaras para comenzar negociaciones en busca de un acuerdo de precios y salarios, se espera que algunas medidas sean anunciadas el mismo viernes, aunque algunos voceros extraoficiales ya plantean que no habrá paquetes de medidas, sino profundización del diálogo. La duda que surge inmediatamente es que con el diálogo llegamos hasta aquí.
La sola filtración de que algunas de las medidas podría pasar por subir un par de puntos las retenciones al complejo agroindustrial de la soja para financiar el complejo el fideicomiso del trigo para intentar controlar los valores internos de uno de los cereales que más se consumen en la Argentina y que son básicos para la producción de alimentos.
Sin embargo en el Gobierno y algunos sectores que miran los acontecimientos con el prisma de la realidad no dejan de analizar los comportamientos especulativos que envuelven en la Argentina a la formación de precios de los alimentos.
Es cierto que la disparada de los precios internacionales generan en el mercado interno una fuerte desestabilización por lo complejo que es para los gobiernos regular las exportaciones y los cupos del mercado interno que en en la mayoría de los países del mundo son administrados sin que nadie se queje por los Estados y Ejecutivos de turno.
Pero porque se habla de fuerte componente especulativo, porque si bien el trigo y el maíz son absolutamente necesarios para la elaboración de alimentos en la cadena muchas sus veces su incidencia en el valor final no tiene demasiada relación con la forma en la que se usan como justificación para el aumento de los precios al consumidor.
A partir del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania la bolsa de harina llegó a los 1800 o 2000 pesos por lo que podemos trazar un promedio de 80 pesos el kilo. Los estudios que la Secretaría de Comercio puso sobre la mesa en la negociación marcan que a ese valor de la harina su participación en el precio final de por ejemplo 70 pesos en el kilo de pan a 270, de 22 pesos en la factura a 500 pesos, 13 pesos sobre los 550/600 de la docena de churros, y de 40 pesos sobre los 100 promedio de paquete de fideos.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, en diálogo con Radio Andina ( que se puede escuchar completo al final de esta nota) se transforma en una voz disonante para el discurso único del sector pero con conocimiento y fundamento y asegura que "el trigo ya se cosechó y tenemos lo necesario para la elaboración del pan y los fideos pero la concentración monopólica es muy peligrosa y generadora de inflación. Cuando están cosechando están pensando en exportar y cuando liquidan piensan en devaluar"
Se avecinan días de negociaciones intensas y la duda que carcome a muchos ciudadanos y consumidores es si todavía hay lugar para negociaciones o si alguna vez el Estado será lo suficientemente fuerte para hacer lo único que tiene que hacer, aplicar la ley.
Aquí se puede escuchar la nota completa con Pedro Salas, Presidente de la Sociedad Rural de Córdoba.