La Ley Nacional de Cupo Laboral Trans, una deuda pendiente en Mendoza

En primer lugar, es importante decir que de los 18 municipios de la provincia, en la mayoría ya se publicaron ordenanzas para brindar acceso a un empleo formal a personas del colectivo. Todos, con excepción de Lavalle, La Paz, General Alvear, Malargüe, Junín y Ciudad Mendoza, ya tienen estas normativas en vigencia, algunos incluso desde antes de la sanción de la Ley Nacional.

Sin embargo, el proyecto provincial para adherir a esta normativa que ya rige en todo el territorio nacional, sigue pendiente. Esto significa que si bien hay avances, son lentos y no tienen el impacto esperado en la sociedad, mucho menos en el colectivo.

Por ejemplo, a través de la Resolución N°274/2021 firmada por el Procurador General, Alejandro Gullé, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso que las personas travestis, transexuales y transgénero podrían integrar la planta de personal en un cupo no inferior al 1%. Esto, en consonancia con la Ley 27.636. Ahora, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) abrió un registro para personas del colectivo para empezar a dar cumplimiento a la ley mientras que en la Legislatura de Mendoza aún descansan en comisiones al menos 5 proyectos que abordan esta problemática.

"En base a la ley nacional, lo que hizo la universidad fue adherir y reglamentar cómo se aplicaría. La normativa busca es reconocer un derecho que tienen las personas del colectivo de diversidad sexual y de género avanzamos en esa línea. En el Consejo Superior, ya se había aprobado una ordenanza para crear este registro que desde el 3 y hasta el 24 de noviembre estará abierto para la inscripción de personas travestis, transexuales y transgénero", comenzó a explicar Gustavo Montoya, secretario de Bienestar de la UNCuyo.

"No es que la universidad haya abierto una oferta de trabajo para cubrir específicamente sino que queremos conocer quiénes son parte del colectivo tanto dentro como fuera de la universidad, es para tener conocimiento de quienes puedan ser aspirantes. Siguiendo el mismo sentido de la ley nacional, la ordenanza indica que hay que cubrir el 1% del cupo, es decir, por año hay que garantizar que al menos una persona de este colectivo ingrese a trabajar. Por eso queremos conocer a quienes aspiran a un puesto laboral para que, llegado el momento, evaluemos la idoneidad y accedan", agregó.

Pero si bien las medidas del Ministerio Público Fiscal, municipios y de la UNCuyo aseguran un avance, no son suficientes y crece la impaciencia ante la falta de adhesión de Mendoza a la ley nacional.

"Algunos/as legisladores señalan que esta ley es de auto discriminación. Por momentos, pensas que en realidad no quieren avanzar en esta materia. Parece que aún no comprenden por qué surgen los marcos legales para proteger derechos, esto no salió de la nada, no es que lo inventamos, hay organizaciones sociales que trabajan día a día y demuestran que estas leyes surgen de una necesidad colectiva", señaló Consuelo Herrera, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

"Lo más reciente fue lo sucedido con la Resolución del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, un diputado del PRO dio una argumentación de auto discriminación y en su discurso decía que hay muchas personas heterosexuales que no pueden ingresar a un trabajo formal. Ese análisis es muy básico y parece no comprender que no somos todos/as libres e iguales, no hemos tenido los mismos privilegios, ni derechos, no es la realidad que nos ha atravesado durante toda nuestra vida. El acceso a la salud, a un trabajo formal, no olvidemos que tuvimos que luchar para tener derecho a la identidad, son derechos humanos que nos fueron negados y por eso existen estos marcos legales para protegernos y generar una situación de equidad y así dejar de sobrevivir y empezar a vivir nuestra vida sin miedo, sin prejuicios, sin explotación sexual, ni exclusión", sumó.

Disminuye la cantidad de trabajo sexual trans en Mendoza

"Históricamente, siempre hemos caído en redes de trata y de eso nadie habla. La ley de Identidad de Género fue el piso, luego venía la ley de acceso al empleo formal y más adelante la reparación histórica para compañeras que por su edad ya no podrán acceder a un puesto laboral y que van a quedar desprotegidas porque pensemos en la jubilación: sin aportes, no te podés jubilar. Es difícil, entonces hay que seguir avanzando y dejar atrás estos discursos", cerró Herrera.

En la misma sintonía, Fernanda "Teté" Urquiza remarca que adherir a la ley nacional es una deuda pendiente de Mendoza y sobre las declaraciones de los/as legisladores/as que replicaron el pensamiento del legislador del PRO dijo que es necesario informarse al respecto.

"No sería injusto para nadie, tampoco iría en contra de lo que pregona el Estado provincial sobre el achicamiento de la planta estatal porque el 1% no implica un incremento significativo. Invito a los/as legisladores a que se informen los legisladores al respecto porque una persona heterosexual al presentarse a un concurso del Estado para acceder a un puesto siempre tuvo y tiene más oportunidades que quienes conforman el colectivo trans. Esto es así para todo, para la educación, la salud, para el sistema en sí, siempre las personas de la diversidad vamos a estar en desventaja", expuso Urquiza.

Y concluyó: "Es necesario que Mendoza adhiera para que sea más específico en cuanto a la situación provincial. Además, poder incorporar a personas de la diversidad es una deuda que tiene el Estado con el colectivo. El espíritu de esta ley es la reparación de derechos y eso no cambia, hay que garantizar con educación, salud, capacitaciones, hay que avanzar con todas las herramientas de reivindicación de esos derechos que el Estado vulneró durante muchos años".