"Las consecuencias jurídicas e institucionales que el modo de actuar del señor gobernador pudieran generar (...) quedan reservadas a la evaluación que al respecto efectúen las instituciones locales. Por ello (...) se remitirá copia de la presente sentencia a la legislatura provincial". Esos pasajes del fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que avaló la precandidatura de Rodolfo Suarez a senador suplente fueron interpretados por el Gobierno provincial como un respaldo tácito de ese organismo -o al menos de los dos camaristas que rechazaron la impugnación del frente "Vamos! Mendocinos" (Alberto Dalla Vía votó en disidencia)- a su intento por reformar la Constitución de Mendoza (CP).
"Condice con lo que venimos sosteniendo desde hace un año y medio: la necesidad de reformar la Constitución, porque entre otras cláusulas en desuso y vetustas se encuentra este artículo (el 115), que en otras oportunidades ya se ha discutido y hoy se sienta una interpretación definitiva", aseguró -en una entrevista con Radio Nihuil- el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez.
Según el funcionario, "la unión entre este debate trascendental (respecto a la vigencia del artículo que prohíbe al gobernador ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato) y la necesidad de reforma es inescindible".
Suarez e Ibañez no dan por pérdida la batalla por reformar la Constitución (Foto: Prensa Gobierno de Mendoza)
Básicamente, el dictamen de mayoría de la CNE sentencia que una norma local (incluso una carta magna) no puede fijar mayores requisitos para acceder a un cargo nacional que los que impone la Constitución Argentina, ya que vulneraría la relación jerárquica que la establece como "ley suprema" dentro del orden jurídico federal.
En contrapartida, Dalla Vía interpreta que ambas constituciones integran un mismo Estado de Derecho, por lo que no deberían considerarse como normas de sistemas jurídicos separados. Y aduce que el artículo de la CP cuestionado no contradice la supremacía federal, e incluso va en sintonía con el espíritu de la reforma de 1994, que introdujo cambios "más democráticos y participativos, concediendo más derechos y garantías a los ciudadanos y estableciendo más controles sobre los poderes públicos".
La idea inicial del Gobierno era emitir dictamen antes de las elecciones legislativas y que los bloques opositores -si así lo consideraban- hicieran pública su posición en las sesiones del recinto, pero no le dieron los tiempos. "Se puede seguir el debate después de las elecciones, el año que viene o el otro", indicaron tiempo atrás desde el radicalismo.
Por su parte, el peronismo y las otras fuerzas rechazaron la propuesta de Suarez por considerarla "totalmente alejada de las demandas de la sociedad", "afuera de los problemas cotidianos" de la ciudadanía, y construida por fuera del consenso y acuerdos programáticos. Cabe recordar que una modificación del texto constitucional requiere de una mayoría parlamentaria de dos tercios, por lo que sin el acompañamiento opositor, no hay posibilidad de reforma.
