Opinión
Las razones de Suarez para convertirse en candidato
Domingo, 1 de agosto de 2021Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis.

El cierre de listas de la semana pasada anticipó la polémica principal que precalentó el inicio formal de la campaña electoral que se concretará el próximo domingo 8 de agosto, cuando comiencen a difundirse los spots propagandísticos en los medios de comunicación. Es que todavía resuenan los ecos de la candidatura testimonial, (para el oficialismo sólo "simbólica") de Rodolfo Suarez como suplente en la categoría de senadores nacionales.

El peronismo parece haber decidido no avanzar en su cuestionamiento judicial, tal vez con la idea de contribuir a dilucidar, pero sin correr con los costos de la interpretación que ahora el Ejecutivo hace del controvertido artículo 115 de la Constitución Provincial. Una cláusula que hasta el momento ha impedido que los gobernadores puedan postularse al Senado sino hasta un año después de concluido su mandato.

Con metáfora futbolera mediante, la senadora nacional y aspirante a su reelección, Anabel Fernández Sagasti, consideró días atrás que ella prefiere "ganar en la cancha y no en el escritorio", lo que además de un desafío electoral, se convirtió en el primer cruce de una campaña que sin dudas también será atípica al desarrollarse en un contexto de pandemia.

Tal vez lo de las huestes de Fernández Sagasti no sea magnanimidad, ni mucho menos contemplación política con esta coyuntura, sino también alguna especulación futura que pueda quedar despejada legalmente en el mediano plazo, y así en un eventual futuro gobierno del PJ poder disponer de esta posibilidad que hoy tantean para sí los radicales.

Sin embargo, el tránsito hacia la oficialización de la boleta del Frente Cambia Mendoza (FCM) no parece del todo allanado como pretenderían en el Cuarto Piso de Casa de Gobierno. De hecho, también esta semana otros competidores en las próximas elecciones, el Frente Vamos Mendocinos (FVM) que capitanea el Partido Demócrata (PD) y sus nuevos aliados la Coalición Cívica (CC) y el MendoExit, entre otros, ya anunciaron que efectivamente cuestionarán a Suarez pues entienden que se trata de un claro "abuso de poder" y un concreto "manoseo" de la Constitución por la que el gobernador juró al inicio de su mandato.

Para el FVM se está "forzando una interpretación constitucional" cuyo control está a cargo de la Justicia, específicamente de la Suprema Corte, según entienden. Aunque por tratarse de una elección nacional el ámbito de dilucidación de estas controversias sería el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, la Junta Electoral y posteriormente la Cámara Electoral Nacional (en una cadena que no se sabe cuándo, pero que tal vez podría terminar de expedirse tal vez incluso después de estas elecciones).

Al respecto, esta semana también hubo definiciones políticas sobre los cuestionamientos judiciales que han puesto a Bento bajo imputación y procesamiento como miembro de una asociación ilícita y lavado de activos. El diputado nacional y también candidato en este turno, Alfredo Cornejo, le pidió al magistrado que "se corra" de sus funciones en los comicios para no contaminar un proceso ya de por sí complejo por esta circunstancia que ahora se analiza.

Es que en la misma línea de los gansos razonó un radical histórico como el ex legislador Fernando Armagnague quien desde su línea interna Dignidad Partidaria se ha venido diferenciando en los últimos procesos electorales, aunque -claro está- sin ningún éxito. Lo cierto es que Argmanague hizo un planteo concreto en la Junta Electoral del FCM que ya fue rechazado por "inaplicable".

En las usinas jurídicas del oficialismo no sólo confían que su interpretación es correcta, sino también aggiornada a los efectos de un texto constitucional que en más de un siglo no ha tenido modificaciones en esta materia. Y que como en otros aspectos doctrinarios, refleja la idiosincrasia de una sociedad que cambió, así como lo hizo la práctica política que aspira a representar los intereses del Estado.

Y aseguran, además, que estas controversias son el precio a pagar por no haber accedido a actualizar la Constitución, oportunidad que aprovechan para recalcar que en la propuesta de reforma que el propio Suarez envió a la Legislatura a pocos meses de iniciado su gobierno, la modificación del artículo 115 está incluida. Y no solo eso, sino que la argumentación que se basa para su derogación es el mismo espíritu que en esta ocasión: "por su desuso" e "inconstitucionalidad".

Por otra parte, los constitucionalistas del Ejecutivo, bajo la batuta del propio ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, entienden que su postura se funda en los principios de la "supremacía constitucional" consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional donde se argumenta que todas las leyes y las disposiciones provinciales no pueden estar por encima de lo que allí se dispone en una especie de "subordinación jurídica".

Por ello, para el FCM los únicos requisitos aquí exigibles son los que establece el artículo 55 de la Constitución Nacional: 30 años de edad, ciudadanía de por lo menos 6 años, ser natural de la provincia que lo elija (o 2 años de residencia) y "disfrutar de una renta de dos mil pesos fuertes", obligación ésta última que también se usa para graficar cómo la letra constitucional envejece sin que nadie pida hoy a los candidatos la verificación de esa cifra absurdamente devaluada.

Asimismo, y tras un análisis de las circunstancias históricas de la época en la que se intentaba limitar el poder del entonces gobernador Emilio Civit, invocan para reforzar su postura al propio Julián Barraquero, principal redactor la Constitución Provincial de 1916 cuando en el debate y sobre este punto aseguró: "¿Con qué derecho pueden las provincias fijar condiciones de elegibilidad a los miembros de un Poder Federal?".

En síntesis, razonan que los argumentos que podrían impedir la elección de Suarez resultan "claramente anacrónicos e insostenibles, más aún, luego de la reforma introducida en el sistema de elección de los Senadores nacionales en el año 1994", que determinó el paso de la elección indirecta a la directa.

De la misma manera, en el Ejecutivo se analizó también la jurisprudencia de la Corte Suprema que en diversos fallos ha coincidido en que no puede exigirse a "un candidato a un cargo electivo nacional, otras condiciones que las establecidas en el propio texto constitucional".

En definitiva, Suarez entiende que se trata (en términos técnicos) de una "mutación por sustracción" que se equipara a otras exigencias constitucionales como el impedimento del voto a los menores de 18 años (hoy a los 16 pueden ejercerlo), que la Corte local pueda imponer "la pena capital" o la prohibición de las candidaturas de las personas discapacitadas, entre otras. Algo que nadie se animaría a cuestionar judicialmente.

Con estas razones, hay confianza en que finalmente el gobernador aparecerá en las boletas en el cuarto oscuro en las PASO del 12 de setiembre, lo que conformará un trío con otros dos ex mandatarios (Cornejo y Julio Cobos) con el que el oficialismo espera no sólo ratificar su gestión si no también comenzar a cimentar las bases de un proyecto que aspira a consolidarse aún más para trascender al ámbito nacional. Opera aquí la necesidad de un triunfo contundente y la oportunidad para concretarlo en esta instancia.

No es sólo la candidatura de Suarez lo que se involucra en esta elección, sino también las aspiraciones de Cornejo, que de avalarse esta estrategia en torno a la inclusión en la lista del gobernador ya tendrá reemplazo asegurado en la banca para la que aspira en el Senado. Un hipotético recambio que habilita también la intercambiabilidad de roles e infinitas especulaciones que no sólo necesitarán el okey de la Justicia, sino también -y fundamentalmente- el favor de los votos.

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