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Gobernadores mantienen expectativa por el reparto de acciones de YPF
Será el debate en los próximos días. La nueva conducción de la empresa sale a buscar fondos para incrementar la producción y cumplir con los objetivos listados en la ley aprobada por el Congreso.
A ellos se sumaron mandatarios que no cuentan con reservas probadas o yacimientos activos, pero que no ocultan su intención de sumarse al club petrolero.
Scioli celebró la ley sin dejar de recordar los esfuerzos de su gestión por encontrar yacimientos: "De hecho, ya hubo exploraciones en la zona de Lamadrid, donde se encontró carbón y puede haber gas. Estamos buscando integrarnos a la matriz energética".
Fellner, a su turno, anticipó acciones exploratorias en Jujuy: "Se va a aprovechar a esta YPF nacionalizada para saber si tenemos o no los recursos para realizar una exploración y una explotación racional".
Pasos que siguen
1) Fijar el precio
El Tribunal de Tasación, dependiente del Ministerio de Planificación, debe establecer el precio que le corresponde a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF.
2) Acuerdo o juicio
La empresa española puede aceptar ese precio y cumplir los pasos para ceder las acciones. O bien reclamar ante la Justicia, que deberá entonces determinar quién tiene razón antes de concretarse el traspaso de acciones.
3) Fin de la intervención
El 4 de junio el Gobierno da por terminada la intervención en la empresa. Ese día se reunirá la asamblea de accionistas que nombrará al nuevo directorio. El presidente será Miguel Galuccio, como anunció ayer la Presidenta en su carácter de accionista mayoritaria.
4) El reparto pendiente
El Gobierno definirá también cómo se van a repartir las acciones que les corresponden a las provincias. Del 51% expropiado, el 49% corresponde a los distritos petroleros, pero la ley no indica qué porcentaje le toca a cada uno.
5) En busca de inversiones
La nueva conducción de la empresa sale a buscar fondos para incrementar la producción y cumplir con los objetivos listados en la ley aprobada por el Congreso.
Fuente: La Nación