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Informe especial

Textualmente, lo que dice el gobernador

Francisco Pérez anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura que alcanza a los terrenos que poseen infraestructura para riego, pero tienen más de 10 años de deuda con Irrigación y están abandonados.
Por Sección Política

"Necesitamos optimizar cada gota para multiplicar el potencial de cada cauce de agua y proyectarnos en un crecimiento armónico urbano y rural", Esta expresión del gobernador Francisco Pérez durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo fue el inicio de un anuncio llamativo, que requiere de un análisis profundo.

Esto siguió diciendo el mandatario, textualmente: "La puesta en marcha de los Consejos de Cuencas, convocando, como es característica de este Gobierno Abierto, a todos los actores sociales, nos ofrecerá una herramienta para alcanzar mayor eficiencia en la distribución del recurso hídrico y definirá las obras a realizar para lograr el gran objetivo de eficiencia para el crecimiento".

"Quiero ampliar el camino del cambio que hemos abordado los mendocinos con dos proyectos de ley que enviaré a esta Honorable Legislatura. Con el primer proyecto, buscamos posibilitar un marco legislativo para las tierras sin derecho de agua, a través de una metodología de selección que nos permita desarrollar nuevas zonas a ser irrigadas por aguas subterráneas y aumentar así la producción de la Provincia, manteniendo las preferencias establecidas en la Ley 4.035".

"Con el segundo proyecto, pretendemos recuperar tierras para la actividad productiva. Dada la crisis hídrica actual en la Provincia no podemos permitir que derrochemos el agua en tierras incultas, en zonas con grandes posibilidades de generar riquezas, por ello propongo el debate en relación a proceder a la expropiación de las tierras abandonadas cuya deuda con Irrigación supere el avalúo fiscal".

"El objetivo de este proyecto de Ley será reintroducir más de 13.000 hectáreas en el sistema productivo para potenciar nuestra economía, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación forzosa los bienes inmuebles rurales que al 31 de agosto de 2012 registren deudas impagas ante el Departamento General de Irrigación que exceda el monto del avalúo fiscal, con más de 10 años de deuda y que se encuentren en estado de abandono productivo, con el objeto de ser afectados a los planes de colonización establecidos por la ley 4.711 o por el régimen legal que lo sustituya o modifique", concluyó el gobernador.

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