El martes fue un día en el que la actividad del senado provincial arrojó varias novedades referidas a la promoción industrial: por un lado el oficialismo logró frenar la interpelación que pidió la UCR para obligar a Raúl Mercau, el Ministro de Producción, a dar explicaciones sobre las negociaciones con el ejecutivo nacional.
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Promoción industrial: no interpelarán a Mercau pero habrá asamblea legislativa
Pero también se confirmó que se realizará una asamblea legislativa para analizar el tema de la que participarán todos los legisladores provinciales y que podría realizarse la semana posterior a las elecciones primarias del 14 de agosto.
El radicalismo, con el senador Armando Camerucci a la cabeza, solicitó una interpelación al Ministro de Producción, Raúl Mercau, quién no concurrió a una reunión en comisiones donde los parlamentarios le iban a pedir explicaciones sobre las negociaciones que tiene el gobierno local con la nación buscando la extensión del beneficio fiscal a Mendoza.
El ministro comunicó su ausencia minutos antes de la reunión con los senadores por estar enfermo. Pero podría haber mandado a gente de su equipo de trabajo, se quejó Camerucci, que explicó que es la tercera vez que lo citamos (a Mercau).
Pero el PJ disidente, con el ex oficialista Vicente Russo a la cabeza, salvó al funcionario votando contra el pedido radical. Entre los votos del justicialismo oficialista más los de los ex oficialistas y ahora duhaldistas, la interpelación a Mercau no consiguió los dos tercios necesarios para ser tratada sobre tablas.
Pero luego sí se confirmó un viejo anhelo de la oposición en torno a la promoción industrial: la realización de una asamblea legislativa en la que todos los legisladores de todos los partidos debatirán en el recinto sobre los beneficios fiscales para las provincias vecinas.
El proyecto había sido aprobado por Diputados la semana pasada y esta tarde recibió sanción definitiva de los senadores. Ahora, el Ejecutivo tendrá 8 días para promulgar la ley y luego el vicegobernador deberá convocar a la asamblea en las 72 horas posteriores a la promulgación.
Dados estos plazos legales que deben cumplimentarse, difícilmente el debate se pueda llevar a cabo antes de las elecciones primarias del 14 de agosto, algo que pretendía el oficialismo.