El gobierno de Rodolfo Suarez volvió a beber de lo que parece ser su medicina predilecta, cuando finalmente enmendó la suba del impuesto Automotor que había puesto en pie de guerra a muchos contribuyentes, pero en especial a la oposición y las cámaras empresarias.
Se trató de un contratiempo inesperado, en el que la realidad impuso un cambio abrupto a un acto de gobierno que tuvo que salir a explicarse y finalmente, a corregirse. O a cambiarse. Da lo mismo. Una contradicción que generó además un desgaste innecesario en el inicio de un año electoral en el que estos deslices pueden costar muy caros.
La nueva marcha atrás terminará de concretarse esta semana en la Legislatura cuando se ratifique el decreto que estableció los topes (entre el 29 y el 45%) que también incluyen al impuesto Inmobiliario (no más del 29%), pues la piedra de la discordia en esta ocasión había sido la ley de Avalúo e Impositiva que oportunamente se votó con el paquete del Presupuesto 2021.
Las explicaciones del ministerio de Hacienda no fueron suficientes para calmar el enojo popular, que según se explicó, hizo que el por el aumento de la cotización de los automóviles tras el impacto inflacionario generara boletas con incrementos desmesurados. Un error de cálculo que terminó convirtiéndose en un error político.
Trascendió que si bien la gaffe fue atribuida a la Administración Tributaria Mendoza (ATM) que conduce Alejandro Donatti, fue el propio Lisandro Nieri quien asumió la responsabilidad política del contratiempo. Un gesto que el propio Suarez valoró al descartar, incluso, su salida de la cartera por este episodio, algo que el ministro habría ofrecido.
Es que la suba de los tributos puso además otra vez en escena la caída de la actividad económica de los sectores productivos y la pérdida de poder adquisitivo de los contribuyentes que a duras penas han podido cumplir con sus obligaciones en 2020 por el impacto de la pandemia.
Pero además de las protestas, un incremento de estas características podía generar una suerte de llamado a la rebelión fiscal que hubiera sido más dañina que los 6 mil millones de pesos previstos que el Estado dejará de recaudar ahora con la corrección. En un contexto, en el que paradójicamente, las arcas provinciales necesitan recuperar ingresos tras el parate obligado que generó la cuarentena y que Mendoza ha ido lentamente recomponiendo para evitar un colapso que sin embargo alcanzó a muchos.
En el Ejecutivo todavía se lamentan por este traspié, que al igual que otros sucedidos durante este gobierno podrían haberse evitado de haber tenido previsiones políticas (ley minera, ley provincial de Educación) y que una vez expuestos a la llama ardiente de la opinión pública, obligaron a una rectificación del rumbo de consecuencias todavía no analizadas.
En todo caso, hay una virtud en el cambio de marcha y contramarcha: la rapidez en la toma de la decisión. No sólo para desactivar el tema en la agenda de los medios, sino también para que velozmente quede de lado en la vorágine de la coyuntura. Una situación que en Casa de Gobierno atribuyen al pragmatismo de Suarez que una vez frente al error busca la solución antes que la explicación.
Sin embargo, en este caso, la naturaleza recaudatoria de este impuesto obligó a otras consideraciones por parte del Gobierno, ya que ambos tributos (Inmobiliario y Automotor) son coparticipados a los municipios, por lo que la eventual rebaja, quita o tope para acallar la queja tiene además un costo adicional, palpable y concreto: menores ingresos para la Provincia y también para las comunas, ya sean estas oficialistas u opositoras. Según cálculos oficiales, los municipios resignarían cerca de 700 millones de pesos por la disminución.
Aseguran quienes participaron de las conversaciones que el Ejecutivo fue a la mesa de los intendentes con la decisión tomada de producir efectivamente una rebaja significativa, y que pese a la disminución de aportes, los intendentes no pusieron mayores objeciones al plan oficial.
Sólo la oposición aprovechó la ocasión para recordar que en ocasión de la discusión legislativa había advertido que una tormenta perfecta de estas características podía ocurrir y que el oficialismo, en su apuro por lograr su cometido y dar rápida sanción, no escuchó esas quejas. Por ello, además, pidió que la revisión alcanzara no sólo al Automotor, sino también al Inmobiliario, algo que finalmente sucedió con el decreto de Suarez.
El oficialismo, en tanto, se escudó en el eslogan del "gobierno que escucha" para justificar la enmienda y evitar que el mal trago pueda transformarse en un amargo sabor persistente. Una disposición que cualquiera puede destacar, en especial cuando se trata de formular políticas públicas que requieren el aval de amplios sectores, pero no así la torpeza de los actos propios. Son errores no forzados que enojan el doble a quien lo padece y alegran al máximo a quien sólo observa la impericia de su rival.
Es por ello que con el ánimo de dar vuelta la página, Suarez pondrá esta semana todo su foco en dar pasos concretos para avanzar en su proyecto de reforma constitucional, habilitando de una buena vez el debate legislativo después de meses de haber desembarcado allí sin ningún movimiento.
Se prevé que el jueves haya una convocatoria en conjunto para las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados y Senadores en la que estaría ya comprometida la presencia del ministro de Gobierno y factótum del proyecto, el constitucionalista Víctor Ibáñez.
Fuentes del Gobierno indicaron que el oficialismo irá con una postura sólida de respaldo al proyecto de Suarez para lograr en la brevedad obtener despacho y declarar luego la necesidad de la reforma que habilite el inicio del proceso formal para llevarla a cabo.
"Ya explicamos el proyecto y dimos los debates públicos. Ahora, que la política diga lo que piensa", expresan desde Casa de Gobierno en lo que puede leerse como un mensaje directo al peronismo. "Si no quieren los cambios que proponemos, que lo digan", agregan.
Y advierten que el "equilibrio fiscal, la unicameralidad, la autonomía municipal y la representación territorial" son "innegociables", incluso con consensos internos del oficialismo ante rumores de falta de acuerdo. De ese "proyecto cerrado" del que se jacta el Gobierno queda fuera la eliminación de las elecciones de medio término (otro aspecto que había despertado polémicas) y demás asuntos menores que podrían ser susceptibles de modificación.
¿Podrá Suarez imponer su agenda reformista en los albores del debate electoral que empieza a aflorar en el país? Lejos de preocuparse por ello, el gobernador parece elegir la vía de imponer su mirada sobre el funcionamiento de la política, los gastos que de ella se desprenden que juzga prescindentes, la representatividad democrática y en definitiva, la búsqueda de un horizonte trascendente con su propia impronta, capaz de superar los errores no forzados y las correcciones de los que sale rápido pero en los que también cae fácilmente.