INSTITUCIONES INTERMEDIAS

Cámaras del Sur, Valle de Uco y el Este piden "el cese de la doble indemnización"

Lo hicieron a través de un comunicado dirigido a los legisladores nacionales por Mendoza. Consideran, entre otros puntos, que "la medida dispuesta por el Gobierno Nacional ha trasladado una enorme incertidumbre a las relaciones de las empresas y sus empleados, y lejos de proteger, la consecuencia termina siendo que las empresas no incorporan nuevo personal, o peor aún, favorecen a las empresas que contratan empleados informalmente".

Firmado por sus presidentes, las cámaras de comercio de los departamentos de San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tunuyán y San Martín, emitieron un comunicado dirigido a los legisladores nacionales por Mendoza solicitándoles que "sostengan de manera manifiesta la defensa del derecho laboral en justa medida, y que de promuevan de manera inmediata el cese de la doble indemnización y prórroga dispuesta por el Decreto 39/2021. En su defecto, su aplicación deberá alcanzar aquellas empresas que accedan a las asistencias económicas que ha dispuesto el gobierno y estrictamente por el término que dura la asistencia (REPO u otra)".

El documento comienza diciendo que "el pasado 23 de enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial la ampliación de la doble indemnización hasta el 31 de diciembre del corriente año y la prórroga de la prohibición de despidos sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor (como así también las suspensiones por similares motivos, excepto las previstas en el artículo 223 bis LCT) por el término de noventa días contados a partir del plazo establecido por el decreto anterior 891/2020, cuyo vencimiento era el 29/01/2021, consecuente con ello la prórroga finalizaría en principio el 25 de abril del corriente año".

Más adelante dice que "al mismo tiempo, escuchamos frecuentemente a los sindicatos proclamar fervientemente la necesidad de que se formalicen las relaciones laborales, manifestándose preocupados por el crecimiento de la informalidad en el empleo. El Decreto 39/2021 se suma a la suspensión de la asistencia a través de ATP, remplazándolo por el programa REPRO, cuyo impacto sobre la economía de las empresas es sustantivamente menor".

"El empleo formal, debería ser objetivo de todos, empresarios y sindicatos. Debemos lograrlo con un derecho laboral ecuánime, que proteja el derecho de los buenos trabajadores y que al mismo tiempo respete el derecho del empresario de planificar la nomina de personal con seguridad jurídica", fundamenta el pedido.

Agregando que "las cámaras territoriales, hemos recibido las preocupaciones de asociados de diferentes rubros, del comercio, de la industria, del agro y del turismo por la excesiva prorroga de una medida que fue tomada de manera circunstancial y preventiva. Hoy esta medida, que se suponía temporaria, se ha consolidado como una política de estado, cuyo objetivo conforme a las fuentes del gobierno nacional son la protección del empleo y los trabajadores".

La comunicación resume que "la realidad que el resultado de la medida es el contrario, y con el correr del tiempo queda demostrado que prohibir los despidos y duplicar el costo de desvincular un empleado, lejos de proteger al trabajador, lo arroja a las hordas del empleo informal".

"La medida dispuesta por el Gobierno Nacional ha trasladado una enorme incertidumbre a las relaciones de las empresas y sus empleados, y lejos de proteger, la consecuencia termina siendo que las empresas no incorporan nuevo personal, o peor aún, favorecen a las empresas que contratan empleados informalmente (sin regularizar la relación laboral), perjudicando siempre al empleo formal, efectivo y de largo plazo" remarca más adelante para afirmar que "es una medida que no contribuye a la generación de empleo independiente y formal, y en un país donde en promedio existen 100 empleados públicos por cada 100 empleados privados, nuestro objetivo en común debe ser tratar de revertir esta relación, en favor de un menor déficit fiscal y saneamiento de la economía".

Los fundamentos de la solicitud a los legisladores mendocinos, que fue rubricada por Diego Stornini, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán; Gustavo Miras, Presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe; Nicolás Martínez Araujo, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, y Agropecuaria de San Rafael y Andrés Vavrik, Presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, cierra diciendo que "de mantener este tipo de medidas contrarias al mantenimiento y desarrollo empresario, las empresas se seguirán cerrando y como muchas importantes yéndose del país". 

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