jueves 18 ago 2022
Opinión

Paritarias que no cierran y escuelas que no abren

Por Luis Ábrego - Entre Paréntesis

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17 de enero de 2021 - 08:26

La pandemia dio vuelta todo. Lo sabemos. Mucho más en la Argentina, signada esta semana por la polémica del regreso a clases dentro de 30 o 45 días, según cada jurisdicción, y en la que los derechos sectoriales de los trabajadores de la educación parecerían entrar en colisión con los generales del acceso a la educación del resto de la sociedad.

Así lo entienden incluso los privilegiados espectadores de esta discusión: los padres, quienes invocando a su vez el derecho de sus hijos a ser educados, creen que otro año sin clases puede transformar la emergencia del Covid en un daño irreparable, una tragedia educativa, como incluso han señalado organismos internacionales y no pocos especialistas.

La disputa también se adelantó este año a enero al comenzar los aprontes para definir modalidades de las aperturas, protocolos e instancias de implementación, pero especialmente cuando desde los gremios docentes pusieron en duda, bajo argumentos sanitarios, que efectivamente las clases pudieran habilitarse en el país.

El recrudecimiento de casos advertidos en el comienzo del año pone un suspenso especial a la situación, ya que hace imposible pronosticar cuál será la realidad epidemiológica que tendrá cada distrito de aquí a un mes. Por ello, todos los interesados buscaron al menos un encuadre de definiciones políticas que permitieran algunas certezas para que los niños en Argentina puedan empezar su ciclo lectivo.

Lo que apareció entonces casi como una puja conceptual, de aristas técnicas sobre las clases presenciales o con bi-modalidad (presencial y virtual) y cómo concretarlas en pandemia (algo que han logrado hacer con mayor o menor continuidad y éxito en todo el mundo) terminó convirtiéndose en una batalla política de la que intervinieron desde Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri, hasta toda la dirigencia política hacia abajo.

El Gobierno nacional apuesta a tener a los docentes vacunados antes de marzo y mira de reojo los movimientos de los sindicatos docentes que le son afines y a quienes no desea incomodar. Hasta el momento no logra convencerlos (ni a la opinión pública) de su preocupación por la vuelta a clases, ni de lo "prioritario" que resultaría esto para el Gobierno, según dijo ayer el Presidente.

La oposición, por su parte, propone declarar a la educación como "servicio público esencial" y que así el riesgo sanitario de maestros sea el mismo que el de otros sectores de la sociedad (como el transporte o los supermercados, por ejemplo) para que se garantice con recaudos y de manera organizada, con grupos reducidos de alumnos, el servicio educativo.

La pulseada no parece fácil y la dimensión de lo visto en el debate público esta semana da cuenta de lo traumático que puede ser no sólo su resolución, sino también la búsqueda de un punto de equilibrio que conforme a las partes.

Mucho más cuando desde el Ministerio de Educación que conduce Nicolás Trotta ha tenido en este tiempo posturas ambiguas y hasta contradictorias sobre el regreso a clases, ya sea con o sin vacunas. Sin embargo, el ministro tomó una decisión que apareció más como la posibilidad de sacarse el problema de encima que justamente el intentar fijar pautas de política educativa para una situación tan especial.

Para la Nación, las definiciones sobre aperturas, regreso a clase o mantenimiento del actual sistema de educación virtual (ahora en receso) para el ciclo lectivo 2021 lo deben tomar los gobernadores de cada una de las provincias. Más que federalismo, un corrimiento de su potestad de autoridad rectora en la materia.

Justamente, Trotta visitará Mendoza este miércoles, en medio de la escalada nacional del tema, para analizar aquí junto a las autoridades provinciales las posibilidades que el retorno a clases tiene en la provincia ya previsto para el 1 de marzo.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ejecutivo provincial están convencidos que el año escolar que se avecina debe estar impregnado de la mejor presencialidad posible. Y esa no es una definición menor, ya que a su vez permite configurar la postura del gobierno de Rodolfo Suarez a favor de la vuelta a clases, incluso enmarcada a su vez en su concepción de convivencia con el virus, apostando al cuidado personal y social, pero con la mayor cantidad de actividades abiertas: entre ellas, las escuelas.

El problema parece posarse en la muy conversada paritaria docente que el Ejecutivo ya dio por cerrada ante el rechazo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), pero que ha generado que otros gremios estatales que sí aceptaron la oferta busquen torcer esa voluntad y mantenerla abierta: en particular la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pero también otros de menor representación en la educación como es el caso de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los celadores y hasta autoconvocados.

Aducen que SUTE "nunca bajó la propuesta" a los afiliados para ser analizada y que el rechazo de la cúpula no representa el pensamiento de las bases. A su vez, los conflictos internos (su secretario general ha sido suspendido y separado por violencia de género), producen incertidumbre que otros sindicatos buscan capitalizar, pero también el Gobierno. En esa línea, Suarez ya promulgó el decreto que autoriza los aumentos para los 14 de los 17 gremios estatales que aceptaron la recomposición de la paritaria 2020 y el aumento previsto para 2021, pero dejó en suspenso la de los que no aceptaron.

La amenaza de un decreto que no incluya para los maestros el bono de 54 mil pesos que los demás estatales cobrarán genera más tensión en la disputa gremial (acusan al Ejecutivo de "mala fe" en la negociación) pero también advierte sobre el bloqueo del SUTE que podría paralizar el inicio de clases en la modalidad que finalmente se decida.

En el Gobierno tienen claro que no pueden tratar de la misma manera a los gremios que aceptaron la oferta que a los que la rechazaron. Pero tampoco se creen en condiciones de perjudicar a los maestros y celadores por la postura de su dirigencia gremial, mucho menos luego de un año de tanto sacrificio como fue el 2020. Sí, entienden que esa negativa tiene un costo para los instigadores del rechazo que están tentados a cobrar políticamente. Ahora o en algún momento. "Dependerá de la voluntad y de la cintura política del gobernador", apuntan desde Casa de Gobierno.

Las alternativas que se barajan son todas: van desde igualar los aumentos a todos los estatales, a no dar a los maestros (así como Judiciales y Casinos que no aceptaron la oferta) el bono de 54 mil; pero también otorgárselos con modificaciones (al menos en el tiempo o forma) posteriormente con un decreto complementario. Esa será la decisión del gobernador, que esta semana resolverá el cómo y el cuándo, aunque condicionado por el año electoral.

Parecería absurdo debatir sobre la conveniencia o no de un país con chicos en las escuelas. Mucho más cuando los casinos, los bares y los restaurantes, pero también los clubes, los cines y los teatros están abiertos y funcionando. Sin embargo, en Argentina las razones se han vuelto parciales, y los argumentos, moldeables a las circunstancias de la política. Aprender es un derecho; privarlo -bajo la razón que sea- sólo perjudica a los menos favorecidos. Una pandemia invisible más añeja que estas escaramuzas de verano.

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