Lejos quedaron los días en los que el temor a los efectos de la pandemia organizaba la agenda pública, supeditando cualquier movimiento político a la estrategia sanitaria. De aquella unanimidad que permitió echar a rodar la cuarentena más larga del mundo, y que empoderó de manera imprevisible a Alberto Fernández, casi nada queda.
En la Nación, ese férreo control derivado de la emergencia demostró con los meses pobres resultados en la salud pública (más de 1 millón 100 mil contagios y cerca de 31 mil muertes -una de las tasas más altas del mundo por millón de habitantes-) y un desastroso panorama económico para lo que vendrá (con una caída del 19,1% en el segundo trimestre de este año).
Al advertir esos efectos, el propio oficialismo empezó a revisar sus pasos, aunque sin autocrítica evidente. Fue el mismo presidente el que aseguró que "la cuarentena no existe", salvo que cada 15 días un decreto con su firma establece lo que se puede o no hacer en cada punto del país. Aquellos mismos infectólogos antes gurús, ahora dicen que sólo son "asesores ad honorem" pues ellos -aseguran- no son los que toman las decisiones.
Pero mucho más, las polémicas y las acusaciones a los "anticuarentenas" dejaron de ser tales cuando marchas, protestas y celebraciones varias coparon las calles de uno y otro lado de la grieta. Los actos sin distanciamiento social, las visitas a provincias o distritos con muchedumbres en pos de una selfie con Fernández confirman que en todo caso la desobediencia es cultural y no un estigma de clase.
Frente a eso, el hartazgo y la incertidumbre hicieron florecer críticas y cuestionamientos por doquier. Incluso dentro del mismo frente oficialista como las que expresó con cuidado filo la propia Cristina Kirchner, en lo que significó tal vez el más duro embate al Gobierno desde el mismo núcleo que construyó la ingeniería que permitió el regreso del peronismo al poder. Traducido, la vicepresidenta dijo que ella fue la responsable del armado electoral pero no del gobierno que de allí surgió. Mucho menos de estas decisiones polémicas, ni de "los funcionarios -de Alberto- que no funcionan".
Se pasó de celebrar que Salud "es ministerio" a pedir que, de urgencia, las provincias firmaran una carta en apoyo a Ginés González García tras haber sido increpado en Neuquén. Una oportunidad que Mendoza no dejó pasar en la silenciosa puja de diferenciación que mantiene con la Casa Rosada, justamente, por el manejo de la cuarentena y los cuestionamientos que desde Buenos Aires ha recibido Rodolfo Suárez por su prédica aperturista.
Fue la ministra Ana María Nadal la vocera de la postura local. Puntalmente, enfatizó que no ha sido del todo acertado el prolongado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la Nación (que para la administración Fernández es el bloque conceptual que, dice, permitió ganar tiempo y evitar el colapso de los sistemas de salud, lo que hubiera provocado aún más contagios y muertes). Mientras que para Mendoza, la gradual y puntual apertura de actividades desde mayo no ha demostrado un índice mayor de casos en relación al promedio del resto del país y ha posibilitado el funcionamiento cada vez más completo de todos los sectores productivos de la provincia. Todo eso, en sintonía con la baja al 83,6% de la ocupación de camas de terapia intensiva en el Gran Mendoza de esta semana.
Así como las diferencias le explotaron a Fernández, al punto de que -por precepto de CFK- se intente ahora articular un diálogo con la oposición y otros sectores críticos como el empresariado, aquí Suárez tampoco parece tener mejor suerte. El gobernador no sólo debe lidiar con la oposición y sus propios errores no forzados, sino también con esta suerte de desperezamiento de los actores políticos en búsqueda de voces que los identifiquen en el escenario y que los saque del confinamiento en el que la cuarentena los metió.
El primer amague vino, justamente, de un intendente oficialista, el radical Gustavo Soto de Tupungato quien emitió un decreto para que en su departamento se extienda el horario de atención comercial hasta las 24 (de domingo a jueves) y hasta la 1 (los viernes, sábados y feriados), cuando la norma provincial sólo habilita, sin distinción de días, hasta las 23. Si bien se trata de un reclamo del sector gastronómico a fin de alargar la jornada laboral de uno de los sectores más castigados por la pandemia, el movimiento generó sorpresa en Casa de Gobierno.
En realidad, la decisión de Soto también va en línea con los reclamos que cada decisor en su ámbito recibe de sus ciudadanos o contribuyentes. Y en virtud de la imprevisibilidad del panorama, la organicidad da paso a la presión del territorio, la que ejercen aquellos que votan.
Sin embargo, la cabal demostración de que la política ya decidió que es tiempo de salir de casa y empezar a moverse la dio este fin de semana la conducción del Partido Demócrata (PD) cuando decidió romper el exitoso Frente Cambia Mendoza, en el que viene participando desde 2015, y propiciar que en las elecciones legislativas del año próximo sean encaradas con candidatos propios.
La decisión abre un profundo debate incluso puertas adentro del PD, que también quedó al borde de la fractura de su bloque en Diputados por las diferencias que sobre alianzas tienen sus dos representantes: Mercedes Llano y Guillermo Mosso. La primera, en línea con la idea de la autonomía demócrata, pese a que sus acuerdos con el radicalismo y el Pro le permitieron -por ejemplo- volver a la Legislatura y 6 concejos deliberantes. Mosso, en cambio, cree interpretar el sentido de los masivos banderazos y su reclamo de unir a la oposición para evitar los desbordes a los que es proclive el kirchnerismo en el poder.
Desde ese sector que rechaza la ruptura se alega que la decisión se tomó "con el retrovisor" e imaginando que una eventual reforma constitucional (a la que el PD siempre se opuso) puede ser la ocasión para reverdecer viejos laureles. "Por lo pronto vamos a ver si la reunión de la Junta Central cumplió con los requisitos formales e igualmente pediremos que se expida la Convención partidaria", aseguran. Sostienen que la divisoria también es generacional y que en el resto de la provincia hay dirigentes que participan de gestiones municipales y no desean abandonar espacios de poder. Finalmente, le achacan a la conducción que encabeza Roberto Ajo actuar con improvisación e incapacidad para comprender el humor del electorado mendocino.
Lo cierto es que el golpe es duro para el oficialismo, en especial por el valor simbólico de un sello partidario histórico como el del PD. Pero tal vez allí también resida el error de apreciación de sus dirigentes, que con esa misma lógica han llevado a esa agrupación casi a la desaparición. "Cada vez tienen un partido más chico", lanzan desde Casa de Gobierno.
Más allá de eso, desde el entorno de la presidencia de Diputados que ejerce Andrés Peti Lombardi, aceptaron que la decisión es "desafortunada" pero analizaron que responde a un sector demócrata "que nunca se sintió cómodo en Cambia Mendoza". Y apuntan al ex diputado nacional Carlos Balter. Entienden, también, que en los hechos la determinación no "va a cambiar mucho" el panorama de la Legislatura donde "Llano venía jugando sola y votando con criterio propio". A la vez que ratificaron el compromiso de Mosso seguir formando parte del oficialismo.
En la misma línea, desde el Gobierno entienden que lo sucedido "no es grave, ni tampoco irreversible". Si el PD fuera con listas propias, en las PASO puede haber alguna dispersión del voto, pero "finalmente lo que prima es el voto útil, y la opción anti-kirchnerista es Cambia Mendoza", dicen en un análisis en el que coincidirían tanto Suárez como su antecesor Alfredo Cornejo, autor intelectual de un acuerdo transversal con el que le arrebató el poder al peronismo y que hoy es puesto en crisis como efecto colateral de la pandemia. Todavía no existe una vacuna para la desobediencia.