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Juicio político

Inicia esta semana el Jury al juez que quiso cobrar una indemnización de $4,5 millones

Tras un largo proceso que se inició hace más de un año, finalmente esta semana comenzará el juicio político al juez de la Quinta Cámara Laboral, Antonio Sanchéz Rey, quien se encuentra acusado de fraude por un polémico acuerdo tras un accidente laboral para una indemnización de $ 4,5 millones con la ART Provincia, la cual no fue homologada por irregularidades en el proceso.

Este jueves iniciará el debate del juicio oral donde se resolverá si es culpable o no de mal desempeño y desorden de conducta y podría terminar siendo destituido.

Los encargados de juzgarlo serán los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento compuesto por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, José Valerio, Pedro Llorente, Omar Palermo, Mario Adaro, Teresa Day y Julio Gómez; los diputados Adrián Reche, Cecilia Rodríguez, Jorge Sosa, Jorge López, Néstor Márquez, Helio Perviú y Marisa Garnica y los senadores Juan Carlos Jaliff, Marcelo Rubio, Alejandro Diumenjo, Mercedes Rus, Alejandro Abraham, Lucas Ilardo y Samuel Barcudi.

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, el proceso se realizará a través de la plataforma Zoom pero no será 100% virtual, sino que también tendrá un segmento presencial.

El acusado, quien tiene 77 años, y los miembros del tribunal estarán presentes a través de videoconferencia. No obstante, algunos testigos participarán de forma presencial. Los mismos declararán durante la mañana y la tarde del jueves y en la mañana del viernes. Estas personas testificarán en una sala especial preparada para este procedimiento en el Palacio Judicial.

El caso del juez de la indemnización millonaria

Antonio Vicente Sánchez Rey, juez de la Quinta Cámara Laboral, sufrió un accidente en mayo del 2017 donde se lesionó un brazo con el portón automático de la playa de estacionamiento del Poder Judicial e inicio una demanda contra el Estado.

El magistrado alcanzó un acuerdo de $ 4,5 millones de indemnización con Provincia ART, convenio que debían homologar sus colegas de la cámara laboral, Viviana Gil y Jorge Consolini, jueces que posteriormente denunciaron que fueron presionados por él para avalar ese acuerdo.

Seguidamente en intervino la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que analizó el caso y determinó en 2019 que el monto de indemnización que le correspondía era considerablemente inferior. Los profesionales médicos constataron que existía la lesión y señalaron que le correspondía poco más de un millón de pesos de indemnización y no los $ 4,5 millones que se habían acordado.

Las irregularidades que se descubrieron durante el estudio del sumario llevaron a que tome intervención la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social del Ministerio de Producción y Trabajo que presentó una denuncia en la justicia por supuesto fraude contra el abogado e hijo del juez, Diego Sánchez Azcona, y el letrado de la ART, Miguel Ángel Grosso. Asimismo, este organismo público solicitó un pedido de juicio político ante el Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza.

Luego de que el caso tomara relevancia pública, Sánchez Rey presentó en marzo de 2019 su renuncia ante el por entonces gobernador Alfredo Cornejo, quien decidió rechazársela para que sea juzgado por el jury y en caso de ser encontrado culpable, sea destituido. En ese caso el magistrado no accedería a una jubilación de privilegio.

El tribunal político avanzó con la causa y en mayo de 2019 suspendió en el cargo al juez, quien pasó a cobrar la mitad de su sueldo.

La semana pasada, la jueza Miriam Núñez, titular del Juzgado Penal Colegiado N° 2, dictó el sobreseimiento de Sánchez Rey en la causa de fraude a la administración pública que se tramitaba en el fuero penal.

La magistrada lo hizo a instancias del pedido del fiscal Hernán Ríos, quien consideró, basándose en el artículo 353 inciso 1 del Código Procesal Penal, que el delito del que se acusaba al juez laboral nunca se concretó debido a que no llegó a cobrar la indemnización.

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