Durante casi siete horas, una cuarentena de expositores y expositoras analizaron los alcances del requisito constitucional que exige el inciso 3 del artículo 152 de la Constitución Provincial, respecto a que para ser ministro/a de la Corte de Mendoza se debe contar con 10 años de ejercicio de la abogacía.
La designación de Day, en el ojo de la tormenta (Foto: Yemel Fil)
Tal como se esperaba, del debate no participaron los jueces de la denominada "ala radical", José Valerio, Pedro Llorente y Dalmiro Garay (presidente de la Corte), ni la propia Day, que se había excusado. De ese modo, siguieron la línea del Gobierno provincial, que había decidido no formar parte al considerar -según palabras del propio Rodolfo Suarez- que se trata de un "cuestionamiento institucional absurdo".
La postura del oficialismo es que con la audiencia pública anterior, la votación en el Senado (de la cual no participó la oposición) y la posterior jura de la magistrada, el tema estaba cerrado. Y que la Corte no debería intervenir, porque si no se produciría una violación a la independencia de poderes.
Sin embargo, las voces que se escucharon en la audiencia plantearon lo contrario: que la ausencia de los supremos y los rumores de que el gobernador pediría el juicio político a los jueces que sí participaron, comprendería una violación de la independencia del Poder Judicial.
Uno de los que sí participó y se mostró "picante" fue Mario Adaro, quien pidió al secretario que deje constancia en el acta de que todos los ministros estaban notificados, y que ninguno de sus pares "está de licencia", por lo cual consultó si existía constancia de excusación, ya que "es obligación participar". Más tarde ingresó un escrito firmado por Garay, mediante el cual le cedía la presidencia de la audiencia a Palermo.
Julio Gómez, en tanto, llamó a la reflexión respecto a brindarle al derecho público "el cuidadoso estudio y examen que merece" y la necesidad de "resguardar el principio de congruencia". "Espero que estemos a la altura de las exigencias de un proceso de esta naturaleza al momento de resolver", señaló en cuanto al tribunal plenario.
La discusión se enmarcó en qué significa "ejercicio de la profesión de la abogacía" y en general los expositores coincidieron en que no refiere a cualquier actividad en el ámbito judicial, sino que hay que remitirse a los conceptos vertidos en la Ley Nacional 4.976 (de ejercicio de abogacía y procuración) y que la labor es "esencialmente de naturaleza jurídica sustancial", como señaló el abogado Enzo Gorosito.
Del sector político llegaron críticas a Suarez por el "escándalo jurídico e institucional", como señaló el titular del PJ mendocino, Guillermo Carmona. En el mismo sentido se pronunciaron la diputada nacional Marisa Uceda y el senador provincial Lucas Ilardo. José Luis Ramón, de Protectora, ponderó las "cualidades y honorabilidad" de Day, aunque acusó al gobernador de someterla "a un escarnio en la opinión pública" ya que la abogada "no goza de los requisitos que exige la Constitución".
%u25B6%uFE0FComparto mi participación en la Audiencia Pública sobre los requisitos para la Corte Suprema de Justicia de Mendoza - Caso Dra. María Teresa Day%uD83D%uDC47https://t.co/RcsUCfl0Fr
Lo analizado en la audiencia no es vinculante, aunque puede marcar tendencia. La relevancia, en realidad, se ubica en lo que resuelva el tribunal plenario respecto a la incógnita planteada por Palermo, ya que sentará un precedente hacia adelante respecto a la interpretación que le cabe al inciso en cuestión, lo cual afectará todas las postulaciones y concursos de ingreso a la magistratura a futuro. Se espera que en breve se defina una fecha para este acto del cual deberán participar todos los jueces de la Suprema Corte.