Con cautela, Mendoza supera por estos días la fase de aislamiento social generado por el Covid-19 y da un nuevo paso en el siguiente escalón sanitario, el del distanciamiento al habilitar el turismo interno con excepción del departamento de San Rafael. Siempre atado al okey de Casa Rosada, la provincia busca la normalidad que le permita recuperar actividades para retomar el flujo de caja para cumplir con sus obligaciones. El anuncio, esta semana, de la postergación y luego pago escalonado del aguinaldo es un claro indicio de una situación fiscal que seguirá así hasta que no concluya el proceso de renegociación de deuda que encaró el ministro Lisandro Nieri.
Las dificultades financieras han vuelto a ser parte de la cotidianeidad en el Ejecutivo provincial producto de la crisis derivada de la pandemina, pero sin embargo no es lo que por estas horas más preocupa al gobernador Rodolfo Suárez y su gabinete. Por el contrario, la obsesión de estos días es sortear un frente de tormenta inesperado que se desató días atrás cuando el presidente Alberto Fernández puso en duda la continuidad de la normal cancelación de las cuotas para la concreción de Portezuelo del Viento.
Suárez ha trazado una estrategia contundente que busca encolumnar detrás de sí a todo el arco político, pero también a los sectores sociales y productivos en defensa de lo que se ha denominado "la obra del siglo". Pero también para sostener que los desembolsos de la Nación hasta completar 1.023 millones de dólares son parte de una deuda con Mendoza avalada por sentencia judicial. No es un favor ni una concesión de la Nación y además está respaldada por sólidos estudios técnicos de universidades nacionales.
Detrás de esta razón, en las dos cámaras de la Legislatura, se buscó esta semana un respaldo unánime para que el gobernador defienda ante la Nación la postura mendocina (que ha sido largamente trabajada a lo largo del tiempo y con gobiernos de distinto signo político). Esta especie de "política de Estado" fue reafirmada también luego por los intendentes de toda la provincia, y de todos los partidos, que fueron convocados con la excusa de acordar un cronograma común para el pago del aguinaldo en todo el territorio y que pese a no lograrlo, el Gobierno obtuvo carta blanca para sus acciones en este plano. Y cerró su círculo de blindaje con otra reunión en la que también consiguió el mismo efecto: pero esta vez de legisladores nacionales mendocinos, oficialistas y opositores.
La idea que rondó en el Ejecutivo fue la de forzar este tipo de pronunciamientos públicos y unánimes para que si la confrontación con la Nación se agudizara nadie pueda sacar los pies del plato. Un efecto similar se intentó con las masivas movilizaciones concretadas en el Sur ayer, en San Rafael y Malargüe, y la que está prevista para el próximo fin de semana con la celebración del Día de la Bandera, el 20 de junio en Las Loicas, con la presencia de todos los jefes comunales y las fuerzas productivas de la Provincia.
Es que las luces de alerta para esta causa mendocina se encendieron cuando algunas expresiones del kirchnerismo y otros sectores del peronismo local pusieron intempestivamente en duda lo actuado por la provincia durante todo este tiempo, incluso el proceso licitatorio que cierra tras una postergación el próximo 3 de julio. Y hasta solapadamente justificaron las expresiones del primer mandatario o el posible freno a la obra que se dejó entrever en esa ocasión. Pero también cuando el propio Fernández sentó en el polémico anuncio de la intervención de la agroexportadora Vicentin a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
Empoderada e incómoda con su alineamiento y cercanía con la Casa Rosada en este momento y por cómo podría repercutir en Mendoza, la propia Sagasti debió salir a sobreactuar su defensa de Portezuelo aunque instó a Suárez a "buscar los consensos". Una frase por la que también fue aquí duramente criticada si es que en realidad se refería a las provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) que ahora cuestionan la obra; pues está claro que los consensos hacia dentro de la Provincia están desde hace mucho tiempo. ¿Qué entenderá Sagasti por consensos con La Pampa? ¿Tal vez ceder parte de la administración de una obra que es netamente provincial? ¿O acceder a un futuro pago de regalías como se rumorea que sería la prenda de canje para que los pampeanos levanten sus cuestionamientos y permitan el emprendimiento? No queda claro.
La mujer a la que el presidente adjudicó públicamente la idea de la expropiación de Vicentin, y a la que se le atribuye además ser la vocera en el Senado (y en el Ejecutivo) de la vicepresidenta Cristina Fernández, participó del encuentro con los legisladores nacionales el viernes con Suárez, dio profesión de fe con Mendoza y se comprometió a gestionar ante la Casa Rosada una salida amistosa de un conflicto que estaba superado desde lo legal y lo administrativo pero que sin embargo la Nación reflotó para satisfacer el empecinado fundamentalismo de La Pampa.
Diferente parece ser la postura del presidente del Partido Justicialista (PJ), Guillermo Carmona, quien incluso fue más allá con sus reparos sobre la licitación y hasta sugirió "no ser tan mendocinistas" en la defensa de Portezuelo. Como si en todo caso aquí no existieran derechos vulnerados por la Nación (antes y ahora) y más que razones sólo primara el ciego fanatismo de un hincha de fútbol. Tampoco queda claro esa tercera posición que intentó explicitar Carmona, poniendo como argumentos un supuesto aprovechamiento político del ex gobernador Alfredo Cornejo con el ex presidente Mauricio Macri que terminó -paradójicamente- dando impulso final a Portezuelo. ¿Le molestará que sus adversarios políticos hayan logrado avanzar en un proyecto que durante el kirchnerismo fue sólo promesas repetidas? ¿O le incomodará que la obra se haga? Tampoco queda claro.
Afortunadamente, tanto los diputados y senadores provinciales justicialistas, así como sus intendentes y además los diputados y senadores nacionales de ese partido, optaron por la clara defensa de los intereses locales antes que buscar el alineamiento incondicional con el Frente de Todos. Es sabido que ser oposición en Mendoza y oficialismo en la Nación puede generar tensiones, pero en todo caso, la prioridad debería ser la de responder a las demandas provinciales y con ello a sus votantes, los mendocinos. Sin embargo, la confusión de roles y los posicionamientos poco claros de algunos dirigentes no contribuyen en momentos donde no parece haber lugar para tantos grises.
Una vez más, como ya les sucedió a algunos referentes del peronismo local con Carlos Menem y luego con Néstor Kirchner, se anteponen los intereses partidarios a los provinciales. Y tal vez de allí derive que el proyecto político local del justicialismo termine quedando a expensas de los vientos nacionales sin contemplar las particularidades y prioridades de los mendocinos, que desde la elección de Francisco Pérez (2011) a esta parte viene negándole a esa agrupación el favor mayoritario en las elecciones de Mendoza.
Mientras tanto y por estos días, el Gobierno ya armado de este rotundo acompañamiento político pero sin descuidar esas expresiones disonantes, se enfrasca en preparar la reunión que el próximo 26 de junio tendrá con el resto de los miembros del COIRCO en su intento político de retrotraer lo que ya estaba decidido para -aparentemente- perjudicar a la Provincia. Todos los organismos técnicos y hasta Fiscalía de Estado ajustan argumentos para defender el mandato de una provincia, pero también el ahorro de sus ciudadanos. Y en todo caso para demostrar que Mendoza no está aislada. En todo caso, apenas distanciada del poder de turno.
