Confirmada la tercera fase de la cuarentena, que de ahora en más pasará de "administrada" a "focalizada", Argentina (y con ella, Mendoza) atraviesa una zona de severa turbulencia producto de problemas heredados, pero también de decisiones ejecutadas en los últimos meses, algunas de ellas condicionadas por una situación excepcional como la expansión del Covid-19.
Esta semana, en Argentina quedó pendiente de un hilo ese "default virtual" que el presidente Alberto Fernández sincerara días atrás, para convertirse en una (nueva) y efectiva cesación internacional de pagos. El anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de no hacer frente al pago de los intereses de tres bonos emitidos bajo legislación extranjera por 500 millones de dólares, confirmó la decisión del Gobierno de jugar al filo con esa posibilidad.
Una alternativa que tendrá ahora un período de gracia menor a un mes, en el que Argentina puede pagar (cosa que no sucederá) o que los acreedores acepten la oferta (algo que aun se discute pese al rechazo inicial) para así evitar así el tan temido default. Una circunstancia que para el Ejecutivo nacional en todo caso es un mal menor frente a la pandemia, pero que superada esta, puede significar, si prima la mirada ideológica del problema, un tremendo deterioro de todas las variables del país.
Así se lo hicieron saber inmediatamente al Gobierno los indicadores del "mercado": con una suba esta semana del riesgo país por encima de los 4.000 puntos (muy cerca del valor, por ejemplo, de febrero del 2002 -tras el clímax de aquella dolorosa crisis- cuando registraba 4.500 puntos básicos) y una disparada del dólar "blue" que llegó a 120 pesos, ampliando la brecha con esa pintoresca ficción argentina llamada "dólar oficial" en más del 70%.
La angustia que genera el contexto recesivo internacional derivada de la emergencia sanitaria y la incertidumbre nacional sobre el devenir de la deuda, más el precio del dólar (con su histórica tentación a volcarse a los precios) y la expansión monetaria producto del feroz incremento de la emisión (otro habitual aliciente inflacionario), ponen en alerta a las provincias. Es que a este combo desolador se suman sus propias dificultades por la caída de la coparticipación nacional y las recaudaciones de impuestos propios.
La luz de alerta la dio la provincia de Córdoba cuando, un par de semanas atrás, anunció la emisión de un título local para cancelar deudas con proveedores e impuestos provinciales. Algo así como el paso previo a la generación de cuasimonedas, una posibilidad que el presidente Fernández ya desestimó de cuajo al asegurar que "están desterradas" de la vida argentina, pero que en su fuero íntimo los gobernadores no descartan según cuánto cale la gravedad de la crisis. Y en especial, de qué manera reciban la asistencia de la Nación que hoy llega a cuentagotas.
Ese fue el reclamo puntal que hicieron los ministros de Hacienda provinciales en la videoconferencia que también esta semana mantuvieron con Guzmán. Allí quedó formalizado el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que será quien reparta un fondo de 136 mil millones de pesos previstos para la emergencia, de los cuales ya se transfirieron a las provincias 20 mil millones, pero de cuya futura evolución no hay más que promesas.
De ese encuentro virtual tomó parte el ministro del área en la Provincia, Lisandro Nieri, quien escuchó junto a sus pares las recomendaciones oficiales de la denominada "Unidad de Apoyo a la Sostenibilidad de la Deuda Pública". Una oficina de nombre rimbombante creada a los efectos de alinear a las provincias en sus respectivas negociaciones con el concepto de "sostenibilidad" en el que se asienta la estrategia de la oferta recientemente presentada en Estados Unidos. Es decir, pagar aquello que se pueda y cuando se pueda, con fuertes quitas de capital e intereses y extensiones de plazos que sean posibles, por ejemplo de aquí a tres años como plantea la Nación. Y cuya inspiración ya tomó la provincia de Buenos Aires.
Mendoza, recalculando
Con ese panorama poco alentador, Mendoza salió también a mover sus fichas. Nieri anunció el refinanciamiento de la deuda local a través de un programa de emisión de letras provinciales que permita el financiamiento de corto plazo. Se trata de dos bonos, uno en dólares y otro en pesos, para aliviar el cronograma de vencimientos de este año, una circunstancia que ya se habilitó vía decreto del gobernador Rodolfo Suarez por un monto máximo de 5.127 millones de pesos (el 2,5% del presupuesto) y en un plazo no mayor a un año.
Pero en esa misma conferencia, el ministro graficó con absoluta crudeza el estado de las cuentas públicas al asegurar que los sueldos de los empleados estatales no están garantizados más allá del pago de los salarios de abril que se efectuará la semana próxima. Todo ello, basado en el desplome de la recaudación (sólo en el ítem impuesto Inmobiliario significó en marzo un 23% menos -nominal- y un 50% menos -real- que el mismo mes del 2019) y los gastos adicionales que ha generado la cuarentena que se estiman en 1.400 millones.
"Nadie parece en este tiempo haber leído que sin ingresos Mendoza podía tener complicaciones con el cumplimiento de sus obligaciones", se quejan desde Hacienda. "No estamos haciendo más que lo mismo que hace la Nación al refinanciar nuestras deudas", agregan. "Los recursos se caen por las dificultades para pagar, pero principalmente por la caída de la actividad. La crisis del petróleo no ayuda. El funcionamiento del comercio, los restaurantes, los hoteles y todo lo que esté asociado con ello, hoy es nulo, por lo que las previsiones para abril y mayo son aún más escépticas". Y detallan como ejemplo el dramático panorama del crecimiento de la incidencia de los salarios públicos en el presupuesto que pasó del 50 al 85%.
Por ello, el Gobierno entiende que con la implementación de instrumentos como la refinanciación y la emisión de letras para inversores institucionales, se está adelantando a los desafíos fiscales del corto plazo. En especial a los vencimientos de una deuda de 25 millones de dólares en mayo y al pago del aguinaldo en junio, según advierten desde Hacienda.
Nada se dijo aquí oficialmente sobre el condicionamiento de Guzmán a renegociar deudas provinciales con la misma impronta que la Nación. "La negociación las lideran las provincias, es una obligación propia", acotan desde el ministerio como queriendo desmarcarse aunque no haya margen. Suárez y su equipo entienden que el plan de ayuda a las provincias puede ser bueno si se distribuyen rápido los fondos y con criterios objetivos. Pero también que no puede servir para auxiliar si se demoran los desembolsos. En cualquier contexto, la dependencia con la Nación es (y seguirá siendo) extrema.
Para los expertos, Mendoza tendrá que tener su propio recorrido con sus acreedores, aunque no podrá dejar de tener en consideración las recomendaciones de la Nación. "Si alguien se sale mucho del libreto, después se puede encontrar con alguna picardía en el reparto de plata", advierten.
Por lo pronto, patear hacia adelante las obligaciones fue el dato nuevo y relevante de una hoja de ruta ya trazada por la Provincia anteriormente: jugar junto a la Nación para recibir financiamiento en las mejores condiciones y apostar a la flexibilización gradual de la cuarentena que permita mover algunos sectores de la economía para incentivar luego el pago de impuestos como Ingresos Brutos.
La postergación de compromisos es casi instintiva de quien advierte que el agua sube a su alrededor y que ese cambio de escenario obliga a reordenar prioridades, pero también agudizar el ingenio para evitar morir ahogado. Lo que nadie ha podido prever por ahora es el impulso de las olas o la capacidad de resistencia de los nadadores.