La Policía de Mendoza, en el sur provincial, ha estado en el ojo de tormentas y claramente se verifica una decisión política de separar la paja del trigo. Es que diversos episodios delictivos hicieron que la Justicia pusiese la atención en el trabajo de hombres de la fuerza de seguridad pública, y para comenzar a modificar la sensación de corrupción que estos hechos provocaron, llegaron nuevas autoridades policiales con ascendencia sobre el personal y legajos intachables.
Entre Navidad y Año nuevo se sucedieron hechos llamativos y preocupantes. Un policía de Cuerpos Especiales, su padre, su madre y tres delincuentes, fueron noticia al ser imputados en un hecho donde se mezcló un robo agravado, el traslado en el vehículo de un policía de la res furtiva, y una sucesión de episodios que dejaban la sospecha sobre encubrimiento y hasta zona liberada para la realización del asalto.
Otro caso, tan llamativo aunque menos violento, surgió por el descubrimiento de que una falsa resolución y copias de expedientes del Juzgado Vial, permitieron retirar sucesivamente cerca de 10 vehículos de la playa de secuestros viales, donde la sospecha del fiscal actuante no deja de dirigirse hacia el sistema o miembros de la Policía, que permitieron el retiro de automóviles y motos por parte de personas que no eran sus propietarios.
Como si fuera poco, días después, un par de individuos fueron vistos por un guardia de la playa vial, aparentemente trepándose en el alambrado, y a la voz de alto, dio un disparo en el cuerpo del joven que tuvo que ser trasladado desde San Rafael a Mendoza para ser atendido por la gravedad de las lesiones. La causa se complicó inicialmente para el policía porque se habrían hallado cuatro vainas servidas, lo que generó todo tipo de sospechas en la Fiscalía acerca del eventual uso excesivo del arma reglamentaria en el intento de aprehensión de los dos sospechosos.
Ciertamente, ya habían surgido hechos menores que habían generado preocupación y hasta malestar en el ámbito judicial respecto de las actuaciones policiales, a partir de una serie de robos y hurtos sin sospechosos, un deficiente levantamiento de pruebas en escenas del crimen, etc.
Con el advenimiento del nuevo Gobierno, se fueron viendo movimientos de personal y jefaturas que parecieron dirigirse a hallar respuestas y soluciones a los interrogantes y problemas que se venían generando en la fuerza, y que el ascendido jefe Marcelo Calipo prohijó con el fin de mejorar las cosas en el sur provincial.
Unos traslados en la Unidad Investigativa pusieron un maquillaje al clima de poca ascendencia sobre el personal de parte de ciertos jefes; un recambio en los altos mandos, con el cuidado adecuado para reincorporar a ex jefes regionales que habían sido erróneamente llevados a dependencias que desconocían o con las que no tenían experiencia alguna.
Este último caso se notó prístinamente con el retorno del Comisario Eduardo Algaba, con buena imagen de su paso por Investigaciones, y con buenos antecedentes de su paso por la jefatura departamental de San Rafael. Todos se preguntan cómo era que lo mandaron a la Policía Rural hace más de un año.
Ahora, el Ministerio aceptó trasladarlo nuevamente a sus pagos adoptivos en carácter de Jefe de la Distrital Sur, con la difícil misión de separar la paja del trigo.
Y la dificultad radica en que ni siquiera la Justicia tiene claro quiénes están contaminados y quienes ligan de rebote.
Por ejemplo, con el caso del robo y el traslado de lo sustraído en el auto de un policía a la casa del padre, policía retirado, las suspiacias surgen a cada rato en la causa.
Porque para Navidad, ese mismo policía había caído con un aire acondicionado de dudoso origen a las dependencias de Cuerpos Especiales.
El fiscal Javier Giaroli pudo verificar que el equipo climático había sido robado por un malviviente el 19 de diciembre. Resulta que ahora, en la causa, se estaría verificando que los mismos ladrones que fueron detenidos junto al policía y sus padres el 27 de diciembre, serían los que "adquirieron sin modo regular de pago", el aire acondicionado en cuestión.
Esa causa no para de dar sorpresas. Ya se podría confirmar que los movimientos de algún ladrón contaba con la liberación de zona por parte de al menos un policía. Y, para peor, con la reducción de elementos sustraídos: esto es, policías comprando cosas robadas.
Este caso afecta particularmente a Cuerpos Especiales; una dependencia policial que tiene a Algaba con particular dedicación para su depuración.
El otro aspecto en el que ya se vieron los movimientos del jefe distrital, es Científica. Ayer fue invitado el jefe provincial para verificar in situ las necesidades y falencias.
Y Algaba decidió también encarar una campaña en materia vial que involucrará a los medios audiosivuales del sur.
Por otra parte, se evidencia también que habrá modificaciones en la institución de formación de policías. Es que el titular del Institudo de Seguridad Pública, Sergio Bruni, realizó un viaje a fin de constatar las condiciones del edificio donde actualmente se dictan las clases.
El problema no sería el inmueble sino la diversificación de actividades en diferentes espacios. Hoy, los estudiantes, deben recorrer 80 km sumando el ida y vuelta al lugar reservado en la Villa 25 de Mayo para práctica de tiros. Mientras que el Instituto da teoría en pleno centro de San Rafael.
El clima entre los miembros de la Policía en el sur no es el mejor; han mellado el ánimo de algunos hombres y mujeres los llamativos hechos ocurridos en los últimos meses del año pasado. Pero se evidencian vientos de cambio a partir de decisiones políticas que se traducen en medidas concretas y nuevas jefaturas basadas en el liderazgo natural que sus trayectorias lo permiten. Quizá sea la clave para sobrellevar una tormenta que tendrá próximos capítulos trascendentes en las revelaciones que surgirán de las causas abiertas en tribunales.