Un proyecto de ley que restringe el dictado de medidas cautelares contra el Estado avanza en el Congreso, impulsado por legisladores del oficialismo que buscan apurar su tratamiento para que la iniciativa se convierta en norma.
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El gobierno de Cristina Kirchner busca limitar medidas cautelares
El proyecto de ley del oficialismo dispone modificaciones al Código Civil y Procesal. Se establece que antes de dictar una acción de este tipo contra cualquier organismo del Estado, el juez debe citar a una audiencia a las partes.
Al respecto, distintos legisladores y constitucionalistas se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa oficial.
El diputado Pablo Tonelli, del Pro, consideró que "en principio, el proyecto es razonable", pero sostuvo que "habría que precisar mejor (en la iniciativa) ese requisito de interés público comprometido".
Asimismo, el jefe del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, también se manifestó a favor de regular el régimen de medidas cautelares, pero advirtió que se debe "evitar recaer en un efecto contrario, como obstaculizar una vía expeditiva, como debe ser una acción de amparo".
En tanto, el diputado Gustavo Ferrari, del Frente Peronista, dijo: "No se puede descontextualizar este proyecto de la coyuntura política actual".
"Claramente afecta el principio de igualdad ante la ley a favor de quien justamente es el más poderoso en cualquier litigio, el Estado", expresó.
A su vez, el abogado y diputado bonaerense Mauricio D´Alessandro subrayó que "la actual Ley de Amparo fue dictada en la época de Juan Carlos Ongañía, pero el proyecto de Diana Conti es todavía más duro y restrictivo que el de aquella dictadura".
"Es una barbaridad jurídica y avasalla claramente los derechos constitucionales de las personas e instituciones", dijo el diputado al referirse al proyecto de Conti.
"Esta iniciativa va claramente a contramano de la declamación kirchnerista de apoyo y defensa a los derechos humanos y promueve en forma burda el totalitarismo", argumentó el legislador denarvaísta.
También el abogado constitucionalista Gregorio Baden criticó a la iniciativa oficial al advertir: "Es un proyecto riesgoso".
"Los daños que el Estado puede ejercer sobre un particular suelen ser irreparables, por lo que no parece muy razonable que se impongan trabas en desmedro de los derechos de los individuos", dijo en declaraciones a un matutino porteño.
Fuente: NA