La Cámara de Diputados terminó de dar sanción definitiva al proyecto de derogación de la Ley 9209, luego de que más temprano el Senado también la aprobara. De esta manera, las y los legisladores dieron de baja la norma que modificaba la Ley 7722 y que habían votado por amplia mayoría hace 10 días.
La decisión del mandatario provincial se tomó luego de una ronda de encuentros con diferentes sectores que se oponían a la reforma y que protagonizaron manifestaciones y protestas en rechazo a la iniciativa votada días atrás y promulgada la semana pasada.
En el Senado, la norma había sido aprobada por 34 votos afirmativos contra dos negativos (de las malargüinas Hilda Quiroga -PJ- y Gladys Ruiz -UCR-), en un debate que se extendió durante casi dos horas.
"El proyecto surgió de un acuerdo del gobernador con los intendentes. Ahí se tomó la decisión, a raíz de los acontecimientos que conocemos, que la única solución para reestablecer la paz social es derogar las modificaciones a la 7722", expresó el presidente provisional, Juan Carlos Jaliff.
Por su parte, el jefe de bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, le pidió disculpas a la ciudadanía. "Había actuado de buena fe y con convicción. Uno puede equivocarse, pero lo hace bajo la honestidad. A nadie le gusta que lo escrachen, pero entiendo que la dirigencia política tiene que aguantar determinadas cosas", sostuvo.
Tras el debate en la Cámara Alta, comenzó la discusión en Diputados con fuertes cruces entre sus integrantes. Al momento de dar su discurso, el legislador Jorge Difonso (Frente Renovador - Unión Popular), uno de los autores de la ley 7722 en 2007, fue criticado por sus pares por comenzar a hablar sobre la necesidad de reforma de la Constitución y no de la derogación de la 9209.
En concreto, Difonso se refería a avanzar sobre la unicameralidad y la legitimidad de la estructura del Estado, debido al tratamiento exprés que había tenido la modificación a la "ley del agua" al igual que las sesiones de este lunes. Tras las interrupciones, acortó su alocución y continuó discutiendo con José Orts (UCR).
Posteriormente, el jefe de bloque del peronismo, Germán Gómez, cargó contra Mailé Rodríguez. "Tenga cuidado con lo que dice. Hay cosas que no vamos a tolerar, acá no hubo ningún pacto", mencionó.
"Ganó el miedo apalancado en los prejuicios y la desinformación. También falló la política porque no pudimos lograr el diálogo entre la industria y los sectores productivos", manifestó el diputado Guillermo Mosso (PD), quién aseguró que hubo "fusilamientos mediáticos en redes sociales" contra los que apoyan la minería, y recordó al pueblo judío. Luego, Mario Vadillo (Protectora) defendió la derogación. "El mendocino tiene en el ADN la protección del agua. Los felicito", dijo.
Las idas y vueltas por la vigencia de la Ley 7722
El camino de la modificación de la ley 7722 (que data de 2007 y que en su momento vivió un proceso similar a la de la ley 9209) comenzó originalmente el año pasado.
En 2018, los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles (PJ) impulsaron proyectos que buscaban flexibilizar la letra de esa norma. Sin embargo, y a pesar de varias audiencias públicas realizadas por más de dos meses, no hubo consenso político y, con la campaña electoral a meses de empezar, el tratamiento se frenó.
Ya en la recta final hacia los comicios provinciales, el actual gobernador Rodolfo Suarez propuso "ampliar la matriz productiva" y modificar la ley 7722. Enfrente, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti resaltaba la "institucionalidad" de esa norma, pero sostenía que era necesario avanzar con la minería en Mendoza.
A pocos días de la asunción de Suarez, hubo un nuevo intento de modificar la legislación, a raíz de encuentros entre empresarios, legisladores cornejistas y el peronismo. Sin embargo, otra vez no hubo acuerdo y se pateó la discusión para la nueva gestión.
Así fue que el ex intendente de Ciudad fue directo a su propuesta: el primer día al frente del Ejecutivo, envió su reforma a la Legislatura.
En una semana, el debate se concretó en ambas cámaras parlamentarias. Del 16 al 18 de diciembre hubo plenario de comisiones; el 19 se pulió el articulado en el Senado y, finalmente, el 20 se votó durante todo el día, con manifestaciones a favor y en contra en la calle.
El "consenso social" que Suarez interpretó que había obtenido en las elecciones (con el 52% de los votos) para desarrollar la minería metalífera en la provincia se vio cuestionado con una impensada cantidad de marchas luego de la aprobación de la ley 9209.
Fueron más de seis protestas en una semana, solo si se cuentan las realizadas en el Gran Mendoza. En el resto del territorio también hubo réplicas que incrementaron la presión sobre la vigencia de la ley.
La decisión del último jueves del Gobernador de no reglamentar la norma y llamar a mesas de diálogo no fue suficiente. Al contrario: el reclamo aumentó y, esa noche, copó el centro mendocino.
A su vez, hubo siete departamentos que anunciaron la suspensión de sus vendimias si no se iba marcha atrás con la reforma. Por esto, el viernes, ya por la noche, Suarez, intendentes y representantes de los bloques mayoritarios en la Legislatura se reunieron y acordaron la derogación de la 9209.
De esta manera, la Ley 7722 volverá a estar vigente cuando se publique en el Boletín Oficial, con la prohibición del uso de sustancias químicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la actividad minera en todo el territorio provincial.