La Cámara Baja provincial le dio este miércoles sanción definitiva al proyecto de ley de Extinción de Dominio, por lo que la norma pasará al Ejecutivo para su promulgación. La norma obtuvo el apoyo de Cambia Mendoza, Protectora, PI y el bloque del PJ, y votaron en contra el FIT y Unidad Ciudadana.
La propuesta llegó a Diputados sin cambios con respecto al tratamiento en el Senado, a pesar de que la oposición había propuesto ampliar el universo de delitos comprendidos con la inclusión de la evasión impositivo. Finalmente, el oficialismo no aceptó esa modificación.
En la defensa de la iniciativa, el diputado Jorge Albarracín (UCR) manifestó que "se entiende que se aplica a los procesos en trámite. No puede ser que alguien condenado sea rico", afirmó.
Por su parte, la presidenta del bloque del PJ, Carina Segovia, anunció el acompañamiento en general de la ley (la bancada rechazó los artículo 2, 3, 8, 12 y 13) pero lanzó críticas. "El tratamiento que se le dio en la comisión fue exprés. Un funcionario (por el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino) nos quiso venir a dar lecciones de derecho penal. Lo primero que nos han enseñado en la política es la humildad. Este señor, como su jefe, está acostumbrado a imponer las cosas por la fuerza. Tiene que ser dentro del proceso penal para asegurar las garantías constitucionales", señaló.
"E l discurso de este gobierno es completamente punitivista y demagógico. Hacerle creer a la gente que esto no se podía hacer de otra forma es mentira. Es el mismo oficialismo que no quiso agregar este tipo de delitos a los juicios por jurado", expresó Macarena Escudero (FIT-PTS).
Omar Parisi, de Unidad Ciudadana, anunció el rechazo al proyecto, pero sostuvo que a su bloque le "gustaría" acompañarlo. " Es absolutamente inconstitucional. Viola la libertad, los derechos humanos, la propiedad y el debido proceso. El problema es quién haga uso de este engendro jurídico. No es para dar venganza y por eso no la votaremos. No se puede estar amenazando que los futuros y pasados funcionarios estén con una espada amenazándoles", relató.
Se prevé que esta acción procesal se concrete cuando se presuma que ciertos bienes han sido adquiridos tras la realización de los siguientes delitos: prostitución de menores, comercialización de pornografía infantil, proxenetismo, secuestros, fraude en la administración pública, asociación ilícita y otras formas de corrupción.
Junto a esto, también se señala qué se hará con lo recaudado. Los bienes obtenidos serán administrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mientras que los ingresos que lleguen a Rentas tras las subastas previstas serán destinados a la "construcción y reparación de escuelas públicas en la Provincia". Asimismo, si finalmente la persona sospechada es declarada inocente, se le devolverá lo decomisado gracias a la creación de un Fondo de Garantía.
Si el Decreto de Necesidad de Urgencia de Nación (en el que se estableció la extinción de dominio) pierde vigencia (para esto, ambas cámaras deberían rechazarlo en plenario), la norma local correría la misma suerte, por lo que tendría que recibir cambios.
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