El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, visitó este viernes la provincia y se refirió a la reforma del Código Penal que el Estado quiere enviar al Congreso. "Se va a trabajar en poner en blanco sobre negro el fallo FAL, para que no quede sujeta bajo interpretación de nadie ni a judicialización las causales de la interrupción legal del embarazo (ILE)", afirmó.
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Según Rubinstein, la reforma del Código Penal apuntará a garantizar los abortos no punibles
El fallo FAL fue una sentencia de la Corte Suprema de 2012, en la que ratificó los casos en que el Código Penal, en su artículo 86, permite realizar abortos. Esa norma, de 1921, indica lo siguiente:
Rubinstein habló sobre aborto no punible.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
- Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
- Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
A pesar de esto, en diversas provincias del país se repitió, en los últimos meses, la misma situación: los efectores públicos no garantizaron el derecho a las interrupciones del embarazo, incluso en niñas.
Durante su recorrida por el Hospital Central, en la que quedó inaugurado el segundo angiógrafo del país (un aparato médico que sirve para diagnosticar enfermedades cardiovasculares), Rubinstein avisó que "fundamentalmente" la propuesta se va a basar en ratificar el fallo, y no en ampliar las causales de aborto, como se había previsto. "La reforma se va a enviar oportunamente al Congreso. Va a ser una decisión del Presidente. Es un derecho que debe existir y existe hace casi un siglo", indicó.
Por otro lado, el funcionario habló sobre la polémica sobre la atención médica de personas extranjeras en Argentina. "Es un tema que necesita un debate. La salud pública es gratuita pero no significa que sea gratis, lo pagamos todos los argentinos y residentes con nuestros impuestos, aportes y contribuciones a seguridad social", manifestó.
"Representa -si bien no es un carga de financiamiento enorme- una cuestión en términos de justicia y equidad. No se puede negar la atención o discriminar a los extranjeros. Se tiene que discutir en las provincias y desde Nación con nuestros legisladores. Hay que trabajar en una ley sobre el financimiento de los servicios de salud para que no tenga cada provincia una política distinta", concluyó.