El gobernador Alfredo Cornejo enviará un proyecto a la Legislatura para adaptar al ámbito provincial la extinción de dominio para los bienes de la corrupción, tras la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri reglamentado esta iniciativa judicial.
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Cornejo envía un proyecto para adaptar la extinción de dominio al ámbito provincial
Concretamente, el mandatario presentó una modificación al Código Procesal Civil de la provincia y la ley del Ministerio Público Fiscal para adecuar la extinción de dominio a los casos que investiga la justicia provincial, ya que el DNU de Macri contempla los delitos federales.
"La modificación del Código Civil de la Nación está vigente a nivel nacional y las provincias deben ajustar sus códigos de procedimientos a los efectos de hacer práctico el decomiso o la incautación de esos bienes originarios en hechos de corrupción y delitos contra la administración pública", precisó Cornejo este mediodía al realizar el anuncio de la iniciativa.
Resaltó que la propuesta reconoce algunos cuestionamientos que la oposición ha realizado al decreto presidencial y se ha incorporado una "vía de defensa a las personas acusadas penalmente para que puedan probar el origen de esos bienes que están siendo cuestionados".
Asimismo el gobernador destacó que el proyecto permite también incautar los bienes no al final del proceso, cuando estén condenadas las personas con sentencia firme, sino mientras dura el proceso, es decir, cuando están imputados y sospechados.
"Permitirá recuperar bienes de delitos contra la administración pública, varios de ellos procesándose hoy en el Poder Judicial de la provincia con causas abiertas. Quizá la más emblemática sea el caso Tupac Amuru en Lavalle pero hay muchas otras causas que involucran estos delitos", advirtió.
Esta iniciativa contempla que todos los bienes incautados de casos de corrupción terminarán yendo a un fondo especial con asignación específica destinado a la construcción y reparación de escuelas.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri, explicó que el DNU se refiere a los delitos federales pero esta normativa viene a extender la extinción de dominio a los casos provinciales en todo lo que hace a asociación ilícita, administración fraudulenta y fraude. "A partir de que la ley esté en vigencia hay un plazo de 30 días donde el Ministerio Público Fiscal va a tener que buscar todos los delitos penales donde hay bienes que puedan tener este seguimiento y va a tener que informarlo e iniciar el proceso", indicó y aclaró que los bienes pueden ser muebles, inmuebles, dinero y automóviles.
En tanto, Marcelo D' Agostino, subsecretario de Justicia, hizo hincapié en que esta normativa es retroactiva para hechos ocurridos hasta hace 20 años atrás. "La prescripción de la acción se prevé en 20 años, conforme lo hace la legislación de fondo. Puede ser aplicable a hechos que ya han ocurrido y que están investigación actualmente en la provincia de Mendoza", consideró.
Por último señaló que "en el caso de que en el proceso penal se encuentre con que esta persona ha sido declarada inocente o sobreseída se debe devolver el bien y en el caso de que no se pueda, devolver su precio, para eso está el fondo del producido de estos activos para hacer frente a estas eventuales consecuencias".