El Quinto Juzgado Civil condenó a la Provincia por el suicidio de un menor de 17 años en un hogar del Estado, en San Rafael, asegurando que los controles no fueron los adecuados teniendo en cuenta la situación psicológica del adolescente.
El Quinto Juzgado Civil condenó a la Provincia por el suicidio de un menor de 17 años en un hogar del Estado, en San Rafael, asegurando que los controles no fueron los adecuados teniendo en cuenta la situación psicológica del adolescente.
La justicia, en el fallo firmado por el juez Pablo Augusto Moretti, entendió que el Estado era responsable del cuidado del joven, por lo que ordenó indemnizar a los padres de la víctima con más de 245 mil pesos.
Según consta en el expediente, el chico, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, había sido detenido en reiteradas ocasiones en inmediaciones del barrio Unimev, en Guaymallén.
En una de esas aprehensiones fue imputado y quedó a disposición del Servicio Único de Protección Integral de Derechos (SUDIP). Este organismo ordenó su traslado al Hogar C, en San Rafael.
Lo cierto es que los padres del menor denunciaron que en ese lugar el chico fue sometido a maltratos, por lo que el adolescente intentó quitarse la vida en reiteradas ocasiones.
Ante esta situación, el joven se escapó del hogar y regresó a su casa. Como los problemas psicológicos continuaban, la madre del chico decidió restituirlo para que profesionales del Estado contuvieran al menor y le dieran el apoyo necesario para lograr una reinserción en la sociedad.
Sin embargo, siguiendo con el relato de los progenitores, el menor siguió siendo blanco de maltratos verbales en el hogar.
Esto generó que el chico se quitara la vida en el patio del establecimiento, luego de burlar la seguridad y atención de los operadores.
Para el Juzgado interviniente, quedó acreditado que "el Estado conocía la delicada situación psicológica y los reiterados intentos de suicidio en los que incurrió el joven" y sin embargo "no procuró las medidas de seguridad y contención adecuadas".
En ese sentido, los investigadores confirmaron que la custodia del lugar fue interrumpida, "al perder de vista por un lapso de tiempo suficiente al joven, lo que permitió preparar los elementos para su suicidio y previo a ello tapar la visión de quienes pudieran observarlo", reza el fallo.
El juez, en sus fundamentos, aseguró que el Estado tenía "una responsabilidad directa por falta o deficiencia del servicio que debía prestar en forma eficiente y por omisión del cumplimiento de las obligaciones que le están impuestas a los funcionarios".
El fallo fue publicado este viernes y ahora el Estado podría apelar. Si esto ocurre, un tribunal superior tendrá la última palabra.