La Cámara de Senadores aprobó este martes y le brindó media sanción a un proyecto de ley que intenta apurar las jubilaciones en el Estado. Ahora la iniciativa deberá ser estudiada por Diputados, donde se espera un rápido tratamiento y su posterior aprobación.
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Media sanción al proyecto para apurar jubilaciones en el Estado
El Senado aprobó por 30 votos afirmativos la obligatoriedad de que los trabajadores agilicen los trámites previsionales.
La votación en la Cámara Alta finalizó 30 votos afirmativos, 2 negativos (del Frente de Izquierda), 2 legisladores ausentes y otros 3 que no estuvieron presentes en el recinto cuando se votó. En tanto la sesión fue presidida por Juan Carlos Jaliff por la ausencia de la vicegobernadora Laura Montero.
La Cámara Alta aprobó obligar a los trabajadores estatales a iniciar antes de tiempo los trámites previsionales.
El proyecto de ley es la modificatoria de la ley Nº 6921 en su artículo 32, el cual fija el plazo que los agentes estatales tienen para iniciar el trámite jubilatorio una vez cumplida la edad para dejar de trabajar. Hasta ahora las personas podían permanecer 1 año más en su puesto, pero ese tiempo se reducirá.
Es que según fijan los fundamentos, el tiempo que la ANSES tarda en realizar el trámite jubilatorio es menor a los 3 meses, por lo cual no tiene sentido que la persona siga trabajando un año más. Por esta situación el proyecto que se aprobó en el Senado fija que el trabajador debe dejar su puesto, como máximo, 6 meses después de haber cumplido los años para hacerlo.
El Gobierno calcula que unos 3.000 estatales están en condiciones de jubilarse este año, pero dilatan el proceso.
Además, esta ley también fija que los estatales deberán iniciar el trámite previsional dentro de los 30 días de cumplida la edad. Esto, según los fundamentos, es porque muchos esperaban hasta que el año estuviera cerca de cumplirse para iniciar el proceso, lo cual les daba todavía más margen para seguir trabajando en el Estado fuera de término.
Con esta medida el Ejecutivo busca acelerar la jubilación de agentes estatales que se niegan a dejar sus puestos hasta último momento. Según supo Sitio Andino, el cálculo que realizan en Casa de Gobierno es que 3.000 trabajadores están en condiciones de jubilarse, pero no lo hacen y dilatan el trámite lo más posible.
Así, la nueva redacción del artículo 32 de la mencionada ley sería la siguiente: Todo agente de la Administración Pública Provincial, centralizada, descentralizada y autárquica, que reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones del sistema previsional en vigencia, deberá obligatoriamente iniciar los trámites pertinentes y la administración lo intimará a su cumplimiento, extendiéndole a tal efecto los certificados de servicios y de remuneraciones y demás documentación necesaria a esos fines, manteniéndose la vigencia de la relación de empleo público hasta que el agente obtenga el beneficio previsional, por un plazo que no deberá exceder de seis (6) meses. Dicho plazo excepcionalmente deberá ser prorrogado, para casos individuales cuando existan causas no imputables al agente y siempre que hubiera sido diligente en el inicio del trámite por ante el Ente Previsional, el que deberá ser presentado dentro del primer mes desde la intimación. Concedido el beneficio o cumplido dicho plazo operará en forma automática la cesación de la relación de empleo público sin obligación para el Estado Provincial, Organismo o Repartición al pago de haberes, indemnizaciones, compensaciones o anticipos motivados en la extinción de dicho vínculo. El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, a través de la Dirección General de Recursos Humanos deberá dictar las normas, definir los procesos e implementar las medidas necesarias para asegurar, dentro de la Administración Pública, que el trámite de obtención del beneficio jubilatorio no se extienda por más de seis (6) meses.
Esta ley está fuertemente relacionada con otra medida que está llevando a cabo el Gobierno de Alfredo Cornejo: los ascensos e ingresos al Estado por concurso. Es que la idea de los funcionarios es apurar jubilaciones para poder tomar nuevos empleados bajo este sistema, garantizando transparencia en el acceso al empleo público.