Luego de la intervención a la empresa Cablevisión perteneciente al grupo Clarín dictada por el Juez federal mendocino Walter Bento, legisladores nacionales pertenecientes al bloque de la UCR realizaron un pronunciamiento donde critican el accionar del magistrado, el gobierno nacional y Supercanal. No obstante, la declaración no cuenta con la firma de ningún diputado de nuestra provincia.
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Diputados nacionales radicales por Mendoza buscan quedar bien con Vila y Clarín
Ninguno de los legisladores firmó el pronunciamiento de la oposición sobre la intervención a Cablevisión. Culpan al gobierno y al Juez Walter Bento por "violar el derecho a segunda instancia" de la empresa.
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En la declaración, en primera instancia, los legisladores afirman que la empresa de cable perteneciente al grupo UNO de Daniel Vila no puede ser parte actora en el recurso de amparo presentado, ya que Cablevisión no opera ni tiene domicilio legal en la provincia.
Desde el punto de vista legal la maniobra es burda, ya que Bento es incompetente para realizar un amparo en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, además intiman a Clarín a dividir Cablevisión y Multicanal en un plazo de 60 días cuando estaremos en periodo de feria, esto le negará su posibilidad de defensa, aseguró a SITIO ANDINO el jefe del bloque de la UCR, Juan Pedro Tunessi.
Uno de los requisitos esenciales para entablar una acción judicial que busca reparar un daño o hacer cesar una conducta determinada, es demostrar que hay afectación de un derecho para la actora, cosa que jamás podría ocurrir porque Cablevisión no actúa en las localidades donde opera Supercanal que es quien demanda, agregó el legislador radical.
Por otro lado, Tunessi acusó a Supercanal de tener en Mendoza un monopolio "igual o más cerrado que el de Clarín y de contar con el apoyo del gobierno nacional para buscar quebrantar los derechos legales que tiene tanto Cablevisión como cualquier ciudadano.
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Sin embargo, la postura de los diputados mendocinos fue tibia en sus críticas tanto al grupo comandado por Vila como al magistrado federal y se centró exclusivamente en denunciar los supuestos ataques del gobierno a la libertad de expresión.
Por un lado, Mariana Jury destacó el inminente avance del kirchnerismo sobre los medios que no le hacen favores y se mostró preocupada por la forma en la que se realizaron las intervenciones desde el punto de vista jurídico, no obstante, evitó pronunciar críticas a ambos grupos monopólicos.
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Por su parte y en un tono similar, Enrique Vaquié, disparó contra el Ejecutivo al acusarlo de sólo pretender hacer cumplir la constitución contra los monopolios cuando no son de su agrado. Tampoco recitó críticas contra el grupo Uno, aunque aclaró estar en contra de toda actividad monopólica.
Además, con respecto a las críticas del radicalismo nacional a Daniel Vila y Bento, Vaquié se limitó a asegurar que "si Gil Lavedra lo firmó debe ser cierto, es un reconocidisimo abogado que sabe muy bien lo que dice".
La nota firmada por los diputados Ricardo Gil Lavedra, Pedro Tunessi, Oscar Aguad, Ricardo Buryalie, Patricia Burllrich, Federico Pinero, Eduardo Amadeo y Carlos Favario asegura que, a la brevedad, denunciarán al magistrado mendocino ante el consejo de la Magistratura por posible caso de prevaricato, es decir, de haber dictado una resolución a sabiendas de que era injusta.
El pronunciamiento judicial transpira discrecionalidad y una clara intención de perjudicar al haber sido dictada a muy pocos días de la feria judicial. El peligro inminente y cierto que esta decisión no pueda ser revisada rápidamente por un tribunal independiente e imparcial, quebranta el derecho de acceso a la justicia consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos, y convierte al hecho en un verdadero escándalo, reafirma el pronunciamiento de los radicales.