El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo este lunes una reunión con algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia provincial, sobre el fallo presentado hace unos días, que regula los procedimientos judiciales sobre las prisiones preventivas.
En la reunión estuvieron los jueces que no firmaron el fallo: Mario Adaro, Hermán Salvini y Pedro Llorente. Además, estuvo el procurador Rodolfo González. Acompañaron a Cornejo la vicegobernadora, Laura Montero, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; el diputado nacional, Luis Petri; el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay; el de Seguridad, Gianni Venier; y el jefe de la policía, Roberto Munives.
En la conferencia de prensa, sin el Gobernador, fue Montero quien explicó que se llevó al Poder Judicial la inquietud con respecto a los problemas que podría generar la aplicación del fallo, como la liberación de detenidos con prisión preventiva, así como también la necesidad de rever el fallo debido a que es imposible de cumplir por las exigencias que exige, además de los recursos del Estado que en este momento no se tienen.
En tanto, el presidente de la Corte se comprometió a llevar las inquietudes al resto de la Corte en un plenario que se realizará en los próximos días.
Los funcionarios, luego de la reunión con los ministros de la Corte. Foto: Axel Lloret.
Por otro lado, dejó en claro que "no se está buscando un enfrentamiento entre poderes", pero lamentó el hecho que no se hayan presentado los jueces que firmaron el documento, quienes presentaron una acordada en la cual se afirmaba que no era correcto dialogar sin las dos partes en pugna.
No obstante, puso un manto de sospecha con respecto a las condiciones en las que se presentó este fallo, al que indicó que fue con premura y con una posible connivencia entre la presentación del hábeas corpus con el dictamen y la resolución.
No hubo audiencias, ni instancias de consultas. Además han sido imprudentes con respecto a los efectos que puede tener el fallo sobre las finanzas del Estado, el desenvolvimiento de las fuerzas de seguridad y la jurisprudencia que va a sentar hacia adelante, agregó.
Entre los riesgos que han notado desde el Poder Ejecutivo, se encuentra un vacío legal en los riesgos procesales, así como también dificultades para dictar la prisión preventiva.
Asimismo, la Vicegobernadora resaltó que los jueces tomaron atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que no descartó que desde la Legislatura no promuevan reformas al Código Procesal Penal si no se resuelve el conflicto mediante el diálogo.
Este fallo deja al borde del colapso al sistema de seguridad expresó alarmada Montero, quien agregó que en los próximos días los jueces de la Corte que asistieron a la reunión, llamarán a un plenario para enviar las inquietudes del Poder Ejecutivo.
