Unos 800 estatales son los que están en la mira de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo. Es que el actual gobernador y el mandatario electo proponen un plan para que estos trabajadores dejen de ser empleados del gobierno mendocino, con la intención de achicar el gasto salarial. Sin embargo, los antecedentes dejan pocas expectativas.
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El plan de Pérez y Cornejo busca retirar 800 estatales
La idea es una moratoria para los que tengan los años pero no lo aportes para jubilarse. En 2014 hubo una iniciativa similar, que no tuvo éxito.
La idea de Pérez y Cornejo es que en breve los 795 empleados de planta que ya tienen la edad para pasar a retiro, pero le faltan aportes, puedan acogerse al beneficio jubilatorio, con una moratoria dispuesta exclusivamente, con el objetivo de disminuir el gasto en medio de una situación financiera deficitaria y con la necesidad de un rescate financiero.
Esto forma plan del acuerdo por la transición, que quedó plasmado en un proyecto de financiamiento, que la Legislatura debe aprobar. La cosa es así: en uno de los artículos de la iniciativa que tiene como eje pedir 5.800 millones de pesos al Banco Nación, se establece una moratoria previsional.
Es el vigésimo punto el que pide que se autorice al "Poder Ejecutivo a instrumentar un Programa de Jubilación por Moratoria Previsional para aquellos empleados de la Administración Pública, de cualquier régimen, que revistan en la planta permanente, interina, o temporaria, que teniendo la edad para jubilarse, no hayan acumulado los años de aportes necesarios para obtener dicho beneficio y que tengan una antigüedad mínima en el Estado Provincial de más de dos años de servicio. Dicho programa deberá incluir el subsidio de las cuotas que correspondan a la moratoria, a los efectos de asegurar la baja del personal involucrado".
El proyecto es evaluado por estas horas en la Legislatura que, de ser aprobado irá al Ministerio de Economía de la Nación para pedir su aprobación y luego, en caso de tener el visto bueno del ministro Axel Kicillof, quedará a la espera de que el Nación autorice las partidas solicitadas.
La idea de Pérez y Cornejo es que los agentes estatales se acojan al beneficio para achicar el plantel, uno de los puntos que más críticas ha generado desde el radicalismo hacia la actual gestión. Es que los de Cornejo sostienen que es elevado el número de empleados estatales que se incorporaron en los últimos años.
Lo cierto es que se espera que los cerca de 800 empleados se sumen al plan. De esa cantidad, la mitad está dividida entre empleados de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud, según informó a SITIO ANDINO Mariana Ansaldi, directora de Recursos Humanos. Mientras que de esa mitad, el 36% son trabajadores de la educación y el 13% de la sanidad.
Según explicó Ansaldi, se trata de hombres que ya llegaron a los 65 años y de mujeres que cumplieron los 60, pero siguen siendo activos, a la espera de completar los aportes.
Si bien aseguró que el número "no es significativo porque representa el 1% de la planta de estatales en planta (80.000), sí lo es en dinero". Sucede que son empleados de mucha antigüedad en su mayoría, con sueldos promedios de $15.000, lo que significaría un desembolso mensual en concepto de salarios de 12 millones de pesos, una cifra nada despreciable en las débiles finanzas provinciales.
A esto se suma que muchos presentan licencias médicas más prolongadas y muchos cargos debieron ser subrogados, generando otro sueldo.
Con pocas expectativas
Cabe recordar que en 2014 el Gobierno ofreció un plan similar, en el que el Ejecutivo pagaba la primera cuota de la moratoria, pero no tuvo acogida entre los empleados en condiciones de acceder.
Por eso, desde el edificio de Peltier señalan por lo bajo que no creen que sean muchos los que se sumen al programa lanzado por Pérez y Cornejo. Aseguran que el principal freno de los empleados para jubilarse es la disminución significativa en los ingresos.