Es una atribución que le da la Consitución Provincial al gobernador de turno. Así, todos los años el jefe del Poder Ejecutivo puede decidir si beneficia o no con un decreto a un condenado, indultándolo o rebajándole la pena. Aunque para algunos parezca arcaico, propio de reyes, otros defienden los beneficios a los condenados. Todos los gobernadores desde la vuelta de la democracia, en uso de esa facultad, lo han hecho, menos Francisco Pérez, que tomó la decisión de no otorgar estos beneficios y así cerrará su mandato.
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Pérez terminará con la tradición de los gobernadores de indultar presos
El mandatario cerrará su gestión sin reducir penas a los condenados. La última vez que se otorgaron estos beneficios fue en 2008, con críticas.
Más de 500 entre indultos y reducciones de pena se han otorgado en Mendoza en los últimos 20 años. La mayoría fueron durante la gestión Roberto Iglesias con 194, le siguió Arturo Lafalla con 186, Julio Cobos achicó la cantidad y pasó a 131, Celso Jaque concretó solo 30 y lo hizo en una sola oportunidad: a finales de 2008. A partir de allí ni el malargüino ni su sucesor, el actual gobernador Pérez, accedieron a los pedidos de cientos de presos que año tras año quieren recibir el beneficio.
Beneficios con polémica
Es que el último indulto, fue realmente polémico. Haciendo uso de la facultad que le da el inciso 5 del artículo 128 de la Carta Magna provincial, en la que se establece que "podrá indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte sobre la oportunidad y conveniencia del indulto o conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse. El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones", Jaque otorgó 30 indultos, que generaron críticas.
En octubre de 2008 el ex mandatario conmutó las penas de condenados por asesinato, robo agravado con reincidencias en algunas casos, secuestros extorsivos y falsificación de documentos. Esta decisión fue cuestionada y denunciada por el diputado Daniel Cassia, que tiempo antes se había apartado del bloque justicialista oficialista por diferencias en las políticas de seguridad, que habían sido confiadas al demócrata Juan Carlos Aguinaga.
Una de las rebajas dadas por Iglesias también tuvo repercusión pública, incluso a nivel nacional. En diciembre de 2003 el radical redujo a la mitad la condena por homicidio impuesta a Claudia Sosa, una mujer víctima de violencia de género que mató a su marido, un policía. A pesar de que había prometido el indulto, el ex gobernador terminó dejando su pena en siete años y medio.
La mujer, de 22 años, había sido sentenciada a 15 años de prisión. Pero en 2005 quedó libre por este beneficio. Claudia mató a su esposo en 2001. En el juicio se comprobó que Juan Edgardo Quiroga Núñez la había tirado al piso, pateado con los borceguíes puestos, le rompió la ropa y la obligó a tener relaciones sexuales amenazándola con su arma reglamentaria, la misma que había utilizado antes, en reiteradas oportunidades, para violarla. Ella disparó también con esa Taurus 9 milímetros, cuando él estaba acostado.
Otro beneficio resonante fue el otorgado a uno de los responsables de uno de los crímenes más aberrantes de la provincia. Fue a través del decreto 2.752 del 27 de diciembre de 2004 cuando Cobos le rebajó en dos meses la pena a Miguel Samuel Tello Rodríguez, que había sido condenado en 1.992 a reclusión perpetua por homicidio calificado, violación calificada reiterada y robo calificado, junto a otros cómplices.
El caso se conoció públicamente como "el crimen y violación del Parque", ocurrió el 13 de noviembre de 1999 y las víctimas fueron Aldo Mario Escudero y María Lourdes. Habían sido novios y eran amigos, vivían en el mismo barrio. Esa noche, mientras tomaban un helado en una casilla rodante en el Parque San Martín fueron atacados por cinco delincuentes. A él lo golpearon en la cabeza y luego le dieron al menos 20 puntazos con un gancho de carnicero. Después, a ella la violaron en reiteradas oportunidades los cinco y la golpearon. La joven hirió con un cuchillo de cocina a uno de ellos en la pierna, y los delincuentes huyeron. Atraparlos no fue difícil: mientras era atendida en el Lagomaggiore, escuchó que el atacante herido también estaba ahí.
Pero eso no fue todo, el beneficiado por Cobos volvió a delinquir tras recuperar su libertad. En 2013 Tello Rodríguez fue detenido por abusar sexualmente de tres niños en Godoy Cruz.
Una decisión festejada
"Muchos de los beneficios fueron lamentables, se benefició a gente que no se lo merecía. No estaban dadas las condiciones para agilizarles la libertad", cuestionó el diputado Daniel Cassia. "Jaque no estuvo muy lejos del desastre de Cobos porque se benefició a gente con delitos graves", agregó.
"El poder que se otorga es un poder que se le daba a los reyes. La Constitución Provincial recepciona ese poder supremo, es un poder superlativo. Y muchos gobernadores se pasaron de la ralla porque no es una obligación otorgar los indultos", cuestionó el legislador.
"Hubo un uso y abuso del beneficio porque nadie controla. El Código Penal establece requisitos que no se tienen en cuenta, da ciertas características muy limitadas que no se respetan", agregó.
Con ésto último, el legislador se refiere a casos en donde el condenado está cerca de cumplir su sentencia, tiene alguna enfermedad, en el caso de las mujeres si tiene un hijo menor de cinco años, entre otras cuestiones, que también son priorizadas en los casos donde se beneficia con la prisión domiciliaria.
" Yo creo que es acertada la decisión de Pérez", destacó Cassia, quien además presentó en 2009 un proyecto para modificar la Constitución Provincial y erradicar esta potestad de los mandatarios.
Pedidos sin respuesta
Si bien Pérez tomó la decisión de no hacer uso de esta facultad, y así cerraría su gestión, el subsecretario de Justicia, Sergio Bonsangue, confirmó que al Organismo Técnico Criminológico entran año a año gran cantidad de solicitudes de presos que esperan el beneficio. De todas maneras, aseguró que Pérez tomó la decisión de "no indultar", tal como lo viene haciendo hasta ahora. "Es una medida polémica porque de alguna manera se está pasando por sobre lo que decidieron los jueces al momento de la condena", cuestionó el funcionario.
Sin embargo, destacó que Alfredo Cornejo (el gobernador electo, que asumirá en diciembre) puede tomar una decisión contraria y avanzar en las solicitudes presentadas.
En caso de que un mandatario acceda a los pedidos de indulto o reducción de penas, lo hace contando con los informes del Organismo Técnico Criminológico, el Servicio Penitenciario y la Suprema Corte de Justicia.
Por otra parte, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, destacó que los pedidos de este tipo han bajado gracias al programa que les permite a los presos educarse, y constituyéndose esto en un aliciente para permitir una reducción en la pena.