Prostíbulo Vip, el juicio: “Las chicas naturalizaron la violencia y la explotación

La psicóloga trabaja desde el mes de abril con las víctimas, y dijo que una de las mujeres “manifestó que había recibido amenazas contra ella y sus hijos por parte del dueño del local donde había trabajado para que no declare”, en relación al imputado Sebastián Solé.

Por esta razón la mujer no quería declarar en la causa, situación similar al de otras víctimas, quienes porque sus familias no sabían acerca de su trabajo o por miedo, preferían permanecer desvinculadas al debate.

En relación a cada una de las mujeres, para Capadora “todas coinciden que en el momento en el que llegaron al lugar estaban en la búsqueda de un trabajo, porque eran el sostén de su familia, estaban separadas o tenían un familiar enfermo. En muchos casos las chicas se iniciaron en la actividad en este prostíbulo y eran vulnerables porque hay situaciones de violencia simbólica en 

Solé, señalado como propietario del prostíbulo.

el delito de la trata que hasta la víctima no llega a ser consciente de eso”.

La profesional sostuvo que “hay situaciones culturales que nos han llevado a ubicar a las mujeres en desventaja, y el hombre cree tener el derecho de exigir ciertos servicios, porque se ha naturalizado el hecho de que la mujer tenga que poner el cuerpo para estos servicios”.

Si bien y tal como señaló Solé durante su declaración, las mujeres tenían una ganancia del 50% del servicio que prestaban, el resto era para el prostíbulo, y “todas eran consientes que lo que ganaban no estaba acorde al nivel de esfuerzo que hacían”.

Luego precisó que muchas llegaron al lugar por avisos en los diarios donde buscaban a recepcionistas o barwoman y que tenían 8 horas de trabajo con algunas pautas, como la de no elegir a los clientes y debían realizar la cantidad de pases -relaciones sexuales- de acuerdo la cantidad de hombres que las eligieran.

“Todas habían naturalizado la situación de explotación y violencia”, detalló y agregó a modo de ejemplo que “a veces después de las 8 horas debían seguir trabajando porque las buscaba un cliente y si se negaban eran echadas. El no querer hacer algo y tener que hacerlo, implica violencia”.

Durante su declaración la profesional mencionó los abortos a los que fueron sometidas al menos dos de las chicas del prostíbulo y señaló que sufrieron coerción psicológica.

“Que te digan mirá que estás sola, pensalo, cómo lo vas a cuidar, sos de otra provincia, son maneras de coerción”, aclaró.

A pesar de que la ley de trata 26.842 reformuló el tema del consentimiento de las víctimas, los defensores intentaron comprobar si las mujeres estaban por sus propios medios y podían marcharse cuando lo desearan.

Al respecto, la psicóloga no dejó lugar a dudas y señaló que “hay situaciones donde es complejo irse cuando uno no tiene otras opciones, y en este caso claramente no existían”.

Muchas de las damnificadas tuvieron, de acuerdo a lo que declararon frente a la profesional, otros trabajos en el servicio doméstico, pero tenían salarios que ni siquiera les permitía cubrir sus necesidades básicas.

Todos los imputados:

Sebastián Solé, el dueño del prostíbulo.

Paola González, señalada como quien se encontraba en la caja del prostíbulo y mano derecha de Solé.

Cristian Prado, el electricista y la otra persona de confianza de Sole.

Raúl Cuquejo, inspector de la municipalidad de Capital.

Saúl Segura, mantenimiento.

Osvaldo Pastorino, médico ginecólogo.

Sergio Guzmán, seguridad.

Emiliano Salinas, seguridad.

Gustavo Torres, mantenimiento.

Ángel Arias y Nelson Bravo, cabos de la Policía Federal.

Todos están acusados del delito de Trata de personas contemplado en la ley 26.842, cuya pena llega a los 15 años de prisión.