Quien quiera oír, que oiga

Se trata del alto nivel de claudicación que se verificó entre las personas que estaban designadas para desempeñarse como autoridades de mesa y la investigación que referimos intentará precisar si la importante cantidad de certificados médicos con el diagnóstico de gastroenteritis que sirvieron para justificar muchas de esas ausencias, son en realidad el resultado de la constatación de un diagnóstico o constituyen alguna figura jurídica que pueda configurar una falta grave o lisa y llanamente un delito.

Resta por ver si tal cosa sucederá o es una simple admonición.

Es este un dato político, no de los más edificantes, que muestra un preocupante grado de prescindencia de amplios sectores de la sociedad respecto de la política, aunque ya no desde el plano partidario, sino desde lo cívico, involucrando profundas y sensibles responsabilidades ciudadanas.

Puede que las personas que así actuaron no entiendan el nivel de responsabilidad que la República les confiere cuando los designa como autoridades de mesa.

Aun peor, puede que lo entiendan y no les importe y ni siquiera las sanciones que están establecidas para tan penosa actitud les hagan tomar conciencia de las graves consecuencias que para todo el sistema tiene la aviesa decisión que tomaron.

El caso obliga también a hacer algunas consideraciones respecto del modo y los criterios con que se otorga tan alta responsabilidad entre los ciudadanos y obliga a reflexionar si se puede seguir designando personas al azar para recibir tan importante mandato.

Vamos a lo primero y más esencial.

Cuando un ciudadano le dice que no a una carga pública tan honorable como la de ser autoridad de mesa en una elección, está volviéndole la espalda a toda su comunidad, abandonando la calidad de ciudadano que la Ley supone en él y simplemente apocándose a la condición de habitante de nuestro país.

Para desglosar el análisis que proponemos, tendremos que volver hacia conceptos que nos fueron inculcados en la escuela primaria.

Un país se compone de su territorio y de sus habitantes.

Cuando esos habitantes deciden organizarse como una comunidad, se dan un orden y se reconocen mutuamente derechos y obligaciones, al tiempo que instituyen autoridades que velarán por el cumplimiento de esas responsabilidades y conducirán el desarrollo de la sociedad que conforman, ese país se transforma en una Nación y sus habitantes mutan su estado, elevándose desde la condición de habitantes a la calidad de ciudadanos.

Todo país tiene una cantidad cierta de habitantes, pero como nos demuestra este concepto que enunciamos, la cantidad de ciudadanos que compone una Nación, nunca es cierta y muchas veces es un enigma casi infranqueable, porque para serlo, es determinante la actitud con que se asumen las responsabilidades y esto cambia de momento a momento.

Son los ciudadanos los que deciden el destino de una Nación. Adquieren compromisos cívicos que, como también se advierte, no siempre tienen que ver con lo estrictamente político-partidario y luchan por defender sus ideas o simplemente se toman muy en serio la responsabilidad de elegir un nuevo gobierno y fieles a sus convicciones, votan con sensatez.

Sin el aporte de esta clase de actitudes, el destino de una Nación se vuelve tan incierto como el número de sus ciudadanos, más allá de que la propia Ley nos reconoce a todos tal carácter.

La distinción excede el concepto jurídico, pero la usamos para explicar la gravedad que sus efectos generan en el conjunto.

Para ser habitante de un país, sólo hay que vivir en él y dormir allí. Para ser ciudadano de una Nación, además de dormir en un territorio, hay que soñar junto al resto de la comunidad con un destino común y obviamente, hacer algo para alcanzarlo.

Hace mucho que en nuestro país dejamos de ocuparnos por mantener vivos estos conceptos y tener clara conciencia de lo que significan. No es un detalle menor considerar que muchas veces, ha sido la misma clase política y especialmente la gobernante en los distintos momentos del devenir histórico la que ha promovido estas prescindencias, quizás en la creencia de que un pueblo menos advertido es más fácil de conducir, aunque lo que en realidad les importe a los que así piensan no es otra cosa más que controlar.

Aunque muchos no quieran aceptarlo y vean a la política como una actividad abyecta y miserable es sólo a través de ella que una sociedad se realiza. La política, a través de sus partidos y distintas opciones, le da a la República las autoridades que necesita para ordenarse, regirse y para lograr la realización de sus más elevados ideales. Los partidos políticos son herramienta fundamental en este sentido y es la única que reconoce como válida nuestra Constitución para ejercer el gobierno de la sociedad.

Cuando los ciudadanos elegimos no cumplir con nuestras responsabilidades cívicas, que son políticas también, empezamos a bajar la mira de aquellas aspiraciones y lo que eran ideales que trasuntaban la responsabilidad de todos, empiezan a ser sueños de unos pocos, la mayoría de las veces inalcanzables.

Es en el ejercicio de esas responsabilidades donde se forja el mérito de nuestra virtud cívica y la calidad institucional de nuestra República.

Estas cuestiones condicionan de manera determinante la calidad de vida de sus habitantes y esto vuelve a conectarnos con nuestra reflexión inicial.

Aquella célebre frase de San Agustín que pregona que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ha llegado a nuestros días deformada y disminuída, pues le falta una parte esencial, que cambia el concepto radicalmente y lo pone en la línea de este análisis.

La verdadera sentencia de San Agustín decía que “cada pueblo tiene el gobierno que por virtud cívica merece” y eso explica mucho de lo que aquí hemos dicho.

La calidad de la política tiene relación de proporcionalidad directa con la virtud cívica de los ciudadanos que la ejercen, aunque podría decirse con más propiedad que la sufren y con la ralea y fortaleza institucional del sistema de gobierno de una Nación.

Sólo cuando asumamos la responsabilidad que implica ser ciudadanos de una Nación estaremos involucrándonos con el destino de ella.

Mientras sigamos dejando nuestras decisiones en manos ajenas, tan ajeno como eso será nuestro destino y seguiremos yendo a donde nos quieran llevar en lugar de ir a donde queremos.

Creer que otros van a darnos lo que nos corresponde es ser víctimas de una ingenuidad inexcusable.

Creer que al rehusar las responsabilidades cívicas que nos competen nos rebelamos contra el sistema, demuestra la ignorancia que padecemos.

Si no asumimos nuestra condición y las responsabilidades que ello implica, seguiremos esperando que por gracia y favor, alguien venga a darnos lo que por justicia nos corresponde.

“Quiera el pueblo votar” dijo don Roque Sáenz Peña al instituir el voto universal, secreto y obligatorio promoviendo la Ley que el Congreso de la Nación sancionó el 10 de febrero de 1912.

Al hacerlo obligatorio, nos dio a todos el imperativo de ser ciudadanos, antes que habitantes y la responsabilidad más importante que nos cabe, cual es elegir el destino de nuestra Nación.

Evidentemente hemos olvidado y desatendido aquella apelación.

Para votar responsablemente, necesitamos autoridades de mesa que estén a la altura de las circunstancias y ese debería ser un deber inexcusable.

La epidemia de gastroenteritis electoral que nos asoló el domingo19 de abril sólo se cura con repetidas dosis de virtud cívica.

No hay otro remedio.

Los síntomas de esa epidemia que asuela a nuestra sociedad, que no sólo es de gastroenteritis electoral, hace mucho que se manifiestan y se hacen cada vez más ostensibles.

Quien quiera oír, que oiga…