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justicia federal

El dueño del prostíbulo Vip declaró: “A las chicas nunca las vi como víctimas sino como empleadas

Sebastián Solé está acusado de ser el dueño de Pyme Vip, un lugar donde habrían explotado sexualmente al menos a 30 mujeres.
Por Gabriela Guilló

Esta mañana en los tribunales federales comenzó a ventilarse el juicio que se sigue contra el dueño, un médico, un inspector municipal, dos policías y seis empleados de Pyme Vip, un prostíbulo de Capital en donde se habría explotado sexualmente al menos a 30 mujeres.

Durante la primera jornada de debate declaró el dueño del prostíbulo, Sebastián Solé, quien intentó desligarse de cada una de las acusaciones pesan sobre sus espadas.

El hombre se sentó frente al Tribunal Oral Federal Nº1, presidido por Alejandro Piña, y en más de dos horas relató los servicios que prestaba su empresa y aseguró que se trataba de un “ámbito familiar”.

“Quiero declarar por mi familia y por mis amigos, para dejarlos tranquilos”, dijo y luego relató cómo comenzó su negocio de calle 25 de Mayo al 1114.

“Arranqué alrededor de 2008 por necesidades económicas, me puse a investigar y realicé un estudio de mercado y encontré que en Mendoza no existía un lugar donde se pudiera tomar algo, con compañía femenina y sin apariencia de antro. Fui creciendo, creé una empresa de servicios donde el núcleo y los engranajes eran los empleados”, declaró y agregó que para asesorarse se reunió con reconocidos empresarios del cabarets como Omar Suárez –dueño de Cocodrilo- y con Jabobo Winogrand.

Luego aseguró que su trabajo era el dignificar a las chicas -como se encargó de nombrar a las mujeres que allí se encontraban- y graficó que tenía gestos como hacerles presentes para el día de la mujer o regalarles huevos de Pascua.

“Tuve un solo acto de ira, desafortunado contra Pamela -que trabajaba allí- que me robó en reiteradas ocasiones y en un momento intentó ingresar droga para comercializarla, cosa que estaba prohibido, porque yo quería a los empleados lúcidos, ni siquiera tomaban alcohol”, aseguró.

En relación a que el Pyme Vip no contaba con habilitación municipal para funcionar, Sole no lo negó, pero cargó contra la municipalidad ya que indicó que no existía una figura legal en la provincia.

“Continúe a pesar de no tener habilitación porque no sentí que cometía ningún delito, no pienso que le hice mal a alguien, porque nunca se exploté a nadie, era una empresa de servicios”, subrayó.

Sobre la forma de pago de las mujeres aclaró que cobraban cuando ellas querían y si lo deseaban dejaban allí el efectivo como forma de ahorro.

“Lejos de ser vulnerables, con la plata que ganaban se compraban autos, ropa, se hacían cirugías. Nunca las vi como víctimas, sino como empleadas”, agregó.

El hombre además indicó que mantenía contacto con los conserjes de hoteles cinco estrellas, para brindar sus servicios de acompañamiento, que explicó como “encuentros entre hombres y mujeres que podía o no incluir sexo”.

Por otro lado, en la causa está imputado un médico ginecólogo, Osvaldo Ramón Pastorino, acusado de practicar al menos dos abortos a las mujeres.

“Lo conozco porque una de las chicas se hacía atender con él y dije que las que quisieran se hicieran los controles con este hombre, al que nunca vi en persona”, aseguró y negó haber tenido conocimiento que alguna de las mujeres se sometiera a un aborto y señaló que en caso de quedar embarazadas, era por lo general de sus parejas y les recomendaba que se apartaran del negocio y formaran una familia.

En relación a los policías de la Federal involucrados precisó que los constactó porque tenía el dato que una persona intentaba ingresar droga al lugar y para espantarlos hizo correr el rumor que Ángel Arias y Nelson Bravo, los dos cabos, recorrían la zona.

En cuanto a Raúl Coquejo, el inspector municipal, Solé dijo que son amigos porque “siempre que fui a la municipalidad él estaba e hicimos un proyecto para habilitar el negocio”.

El debate continuará el próximo jueves con la declaración del resto de los imputados.

Los imputados

Además de Sebastián Solé, el dueño del prostíbulo, hay otros diez imputados.

Paola González, señalada como quien se encontraba en la caja del prostíbulo y mano derecha de Solé.

Cristian Prado, el electricista y la otra persona de confianza de Sole.

Raúl Cuquejo, inspector de la municipalidad de Capital.

Saúl Segura, mantenimiento.

Osvaldo Pastorino, médico ginecólogo.

Sergio Guzmán, seguridad.

Emiliano Salinas, seguridad.

Gustavo Torres, mantenimiento.

Ángel Arias y Nelson Bravo, cabos de la Policía Federal.

Todos están acusados del delito de Trata de personas contemplado en la ley 26.842, cuya pena llega a los 15 años de prisión.


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