13 de abril de 2026
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Por Marcelo Torrez

Mathus y López, dos jueces salvados, dos historias que dividen

 El 21 de junio del 2012, el Jury de Enjuiciamiento de Mendoza, compuesto por los siete integrantes de la Corte, siete senadores y siete diputados, salvaba del enjuiciamiento y de una posible destitución a quien por entonces era el juez de Ejecución Penal de Mendoza, Eduardo Mathus. Los integrantes de la Corte y algunos legisladores votarían en ese resonante proceso a favor del magistrado. La votación, a su favor, saldría 10 a 7 porque algunos integrantes del Jury se habían ausentado.

El cuestionado juez llegaría hasta casi el borde de su expulsión tras haberle concedido un beneficio a un preso, conocido como el Tanga Gómez, a quien le posibilitó llegar a la granja penal de Gustavo André, un sitio de reclusión de laxa seguridad, previsto para aquellos internos que recibían el beneficio previo a su excarcelación. El Tanga escaparía de la granja y el 9 de marzo del 2012 encabezaría un fallido intento de atraco a un local de la Bolsa de Comercio del Carrefour de Godoy Cruz.

Cuando huían, advertidos de que la policía ya estaba pisándoles los talones a la banda, el Tanga y sus cómplices asesinaron a sangre fría a un joven de 22 años, Matías Quiroga, que pasaba circunstancialmente por ahí en su auto. Al pibe Quiroga lo mataron a sangre fría, le robaron su auto y lo dejaron agonizando en la calle.

El caso conmovió y conmocionó a Mendoza. A los pocos días se conocería con detalles que Mathus, el juez de Ejecución Penal, le había concedido el beneficio al Tanga ignorando una serie de informes técnicos que señalaban que el reo no estaba en condiciones de recibir el beneficio.

Mathus se salvó del Jury, pero renunciaría al cargo en agosto del año pasado para acceder al beneficio de la jubilación.

Dos días atrás, los mendocinos volvimos a tener presente el caso de Mathus y la eterna e inútil pelea entre los garantistas y aquellos que pregonan la mano dura en la represión del delito, cuando otro Jury, el de los magistrados nacionales, decidió no enjuiciar al juez de Ejecución Penal Nacional Axel López, acusado de liberar violadores a repetición.

El jury debía decidir si el juez Axel López incurrió o no en mal desempeño de sus funciones al haber concedido la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones. Durante su libertad condicional, en la provincia de Chaco, asesinó a Tatiana Kolodziej de 33 años, en un intento de violación.

Los argumentos para absolver a López resultaron ser similares a aquellos que terminaron salvando a Mathus. Argumentos técnicos, ajustados a la fría letra de un procedimiento, de una ley. Quienes decidieron la suerte de ambos magistrados, no tuvieron en cuenta las consecuencias que provocaron semejantes resoluciones. No se preguntaron por la vida de los familiares de las víctimas, y mucho menos de la propiamente víctima.

La reforma judicial no sólo parece pasar, como pretendió el gobierno nacional, por la mera cuestión de la democratización del único poder del Estado que no se reformuló tras la recuperación de la democracia, en 1983.

Las demandas pasan, además, por lados mucho más sensibles, más de piel, más humanos y de mucha, pero mucha más responsabilidad y un sistema de rendición de cuentas diferente al que existe en la actualidad.

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