Desde hoy y hasta el domingo, Mendoza se convertirá en la meca política del momento a nivel nacional por la llegada en tropel de los precandidatos a la presidencia que, atraídos por los festejos vendimiales, aprovecharán y alimentarán la rosca en los diversos mitines que se protagonizarán en medio de la campaña electoral a punto de arrancar.
Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa y los radicales que jugarán de local Ernesto Sanz y Julio Cobos se mostrarán en algunos de los actos populares previstos y, especialmente, en los tradicionales encuentros político-empresariales de la Corporación Vitivinícola (Coviar), el sábado bien temprano antes del multitudinario Carrusel, y el organizado por Bodegas de Argentina, el agasajo vendimial del mediodía que este año se realizará en la Bodega Crotta, en Palmira.
La llegada de los precandidatos presidenciales, en esta oportunidad, si bien se realiza de cara a una durísima disputa electoral que los opositores le darán al oficialismo, no está precedida, sin embargo, de una expectativa mayor a la del sólo hecho de mostrarse. A excepción de los radicales, Sanz y Cobos, en donde resultará develador qué posición asumirán entre ambos a pocos días de que el radicalismo nacional decida, en la convención partidaria del 14 de marzo, si le permite a la UCR buscar un acuerdo con Macri para pelear la presidencia o si se mantiene detrás de un disminuido Frente Amplio Unen (FAUNEN) circunscribiendo una propuesta electoral más ligada al progresismo de centro izquierda con el Socialismo y el GEN de Margarita Stolbizer adentro.
Sanz y Cobos, hoy, representan a cada una de las visiones, con un claro dominio del sanrafaelino que hoy preside el partido a nivel nacional sobre quien fuera gobernador de la provincia y ex vicepresidente de la nación, hoy inclinado hacia la postura de abrir el espectro a la oposición a excepción de Macri y Massa. Lejos de ese asunto particular de los radicales, no se esperan definiciones políticas relevantes de quienes hoy protagonizan el selecto lote de precandidatos presidenciales con chances de gobernar el país desde el 10 de diciembre en adelante.
Pero la política local se moverá al ritmo del enfrentamiento que hoy tiene el gobierno de Francisco Pérez junto al resto del oficialismo, con el arco opositor que encabeza como abanderado el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, por el meneado asunto del financiamiento de la campaña electoral de la PASO, las primarias que se realizarán el 19 de abril. Ese financiamiento debiera ser pura y exclusivamente estatal de acuerdo a un unánime entendimiento político que lo fijó por ley. Hasta que el gobernador decidió vetar el mecanismo por considerarlo inviable, hecho que desembocó en un conflicto judicial impulsado por toda la oposición que pidió la inconstitucionalidad del decreto, asunto que se encuentra a la espera de una resolución que debe tomar la Suprema Corte de Justica. Y esa decisión debiera aparecer antes del 20 de marzo, día previsto para el lanzamiento de las campañas en los medios de comunicación.
Este diario reveló, a primera hora del jueves, una propuesta alternativa al duro conflicto. El Ejecutivo ha tentado al radicalismo, especialmente, a aceptar un entendimiento sobre la base de que se destinen 10 millones de pesos de la Tesorería estatal para financiar las campañas. La mitad de esos 10 millones se repartirían entre todos los aspirantes en partes iguales y la otra mitad según la cantidad de votos que cada partido obtuvo en la última elección.
La propuesta incluye que cada partido podría usar hasta 10 millones de pesos adicionales, con fondos propios o de privados, para financiar el resto de la campaña.
Los 10 millones provenientes de los fondos del Estado, según propone el oficialismo, se destinarían a contratar espacios en los medios audiovisuales, no así para la cartelería de la vía pública. Para estos espacios, el proyecto prevé que sean contratados por orden de los candidatos o partidos y financiados con sus propios recursos o de aquellos provenientes de aportes de privados.
Este proyecto alternativo llegó a la dirigencia radical unos diez días atrás, pero recién salió a la luz el jueves cuando Sitio Andino lo publicó tras la confirmación de su existencia que hizo el vicegobernador Carlos Ciurca.
Pero los radicales no están de acuerdo, aunque no hubo entre ellos y el gobierno reuniones de carácter oficial y formal, sino simples contactos entre el senador Eduardo Bauzá y el presidente del radicalismo Sergio Pinto.
Cornejo, que es quien lleva la voz cantante del principal partido de la oposición, se niega a aceptar el nuevo proyecto del oficialismo. Interpreta que el gobierno de Pérez debe cumplir la ley y lo que se acordó por unanimidad en los encuentros previos a la norma. El radical entiende que al no haber financiamiento estatal quien tiene todo para sacar ventaja sobre el resto es el oficialismo por estar administrando los fondos del Estado. Cornejo pretende que se destinen unos 40 millones de pesos para financiar todo el operativo y, al igual que sucede en la nación, que se sorteen los espacios en los medios audiovisuales de manera equitativa e igualitaria para todos. Y sugiere que esa distribución se haga de acuerdo con los criterios de la pauta oficial de publicidad que utiliza el Estado con todos los medios de la provincia. Y como gesto, el radical le aceptaría al oficialismo que los espacios de la cartelería de la vía pública sean contratados y financiados con los fondos de cada partido y los provenientes del sector privado. Pero sólo en ese tramo y como excepción, aclaran desde el radicalismo.
Esta discusión promete darle volumen al debate político en el que se concentrará la política mendocina tras la Vendimia. Es que si no hay una resolución política, la Corte debería darle un corte definitivo al tema, declarando constitucional o no el decreto de Pérez que frenó el financiamiento estatal de las PASO. Porque además se corre el peligro de que una vez realizadas las elecciones algún candidato pueda presentarse ante la Justicia pidiendo la impugnación del comicio por no haberse cumplido con la ley del financiamiento. Esto ya fue advertido por la Fiscalía de Estado, algunos días atrás, en un escrito que elevó a la Corte.