La muerte del Fiscal Federal Alberto Nisman, definitivamente provocó una gran conmoción social y se instaló en la agenda del debate nacional; pero creo que lo ha hecho de un modo que nos dificulta el crecimiento como República, por cuanto se ha evidenciado en forma preponderante los posicionamientos políticos partidarios por encima de su fallecimiento, y de las investigaciones que llevaba adelante. Esto, en realidad, deriva en el desplazamiento del verdadero núcleo de lo que investigaba y de su muerte.
Las especiales circunstancias y complejidades de la causa que tenía a su cargo, su temprana y lamentable desaparición física, el repudio de poder sospechar que lo mataron, o -lo que es igualmente trágico- que se haya quitado la vida; nos señala la verdadera deuda que nos deja ésa muerte: esto es, bregar incansablemente por una justicia imparcial e independiente, que marque el destino de los ciudadanos no por banderías políticas, gobiernos de turno o poderes fácticos, sino por la aplicación lisa y llana de la ley.
Una comunidad será un Estado de Derecho con mayúsculas, cuando su sistema judicial administre correctamente la ley y en tiempos razonables, pues de ello se derivará que en los ilícitos o en los procesos donde se discuta sobre la existencia y alcance de derechos, cada ciudadano tenga lo que es suyo, reparándose el estado de cosas que por imperio del hombre se alteró, y así recuperar el equilibrio en la convivencia entre las personas como único pilar de la paz social.
La aplicación de la ley y la correcta administración de justicia, no es por tanto una cuestión ideológica-política, sino más bien claramente sociológica-jurídica pues atañe y tiene como eje- a la persona como ser social dentro de la comunidad que integra.
Significa esto que ineludiblemente es el Poder Judicial -por imperio constitucional- quién debe señalar con sus decisiones, diferenciando con sus resoluciones, lo ajustado a derecho de aquello que no lo es y pueda merecer reproche, reparación o sanción; marcando en definitiva los comportamientos que las leyes fijan para la convivencia social.
Asimismo, es la sociedad toda quién no sólo debe reclamar al Poder Judicial ese rol ordenador, sino también el perfil de independencia e imparcialidad que deben tener quiénes lo integran y cotidianamente deciden sobre la libertad y los bienes de las personas.
Si no lo hacemos, si como sociedad no luchamos por sostener al Poder Judicial como el guardián objetivo e inobjetable de la ley, le hemos de abrir la puerta a la ideología política, a la mezquindad partidaria, a la injerencia de grupos y factores de poder pretendiendo influir en las decisiones de los Magistrados, perdiendo de vista que la fortaleza de la independencia judicial es la única y última garantía legítima de los derechos ciudadanos.
En un efectivo marco legal de convivencia social, no se repetirán episodios lamentables como la muerte del Dr. Nisman, podremos esperanzarnos en el genuino desarrollo del país y en una vida de paz para sus habitantes.
Esa es la deuda que debemos aspirar a saldar.
*Dr. Ariel Alejandro Hernández: Juez de la Cámara Primera del Crimen de San Rafael - Presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza
