Entre los desajustes financieros y económicos que tiene el gobierno de Francisco Pérez al acercarse a sus tres años de gestión al frente de la provincia, uno de los más significativos por el impacto que tiene en buena parte de la población y en el universo de los empleados estatales, es el de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
La situación de la obra social más grande de la provincia, y de las más trascendentes a nivel nacional en su tipo, tiene más de 400 mil afiliados comenzará a ser ventilada esta semana por una comisión del Senado, la de Salud, que intentará acordar un dictamen conjunto, entre peronistas y radicales, para que sea el cuerpo de la Cámara Alta quien tome cartas en el asunto y le encuentre alguna vía de escape al drama del déficit y al deterioro paulatino de los servicios que presta en toda la provincia.
Todo comenzó alrededor de tres meses atrás cuando los senadores radicales solicitaron la conformación de una comisión especial investigadora sobre la situación de la OSEP luego de que el ministro Matías Roby dijera que se encontraba en un estado casi terminal. Por aquellos días, además, se sumó una sorprendente autoimputación del director de la OSEP, Alberto Recabarren, quien pidió públicamente que se le investigara ante el aumento de las sospechas sobre su gestión al frente del organismo.
Hoy se sabe que la OSEP tiene un déficit mensual que holgadamente supera los 70 millones de pesos y que el ingreso de personal no logró mejorar las prestaciones a los afiliados. Para colmo, las críticas apuntaron a las fuertes sumas de dinero que los jerárquicos de la obra social estarían percibiendo por mes, muy por arriba de lo que cobra el gobernador.
El radicalismo, al menos hasta este fin de semana que terminó, optó por la prudencia y la mesura al momento de describir el estado de situación que encontraron cuando se metieron de lleno en los libros de la obra social. Su objetivo, para hoy, es lograr que el oficialismo firme un dictamen en conjunto para darle fuerza a una intervención mayor que logre descubrir posibles irregularidades y sus responsables.
Sin embargo, y pese a la cautela de los opositores quienes quieren evitar grandes olas con el asunto, se supo que el radicalismo pedirá darle vista al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado. El motivo es la supuesta contratación irregular de empresas de servicios de emergencia que no están habilitados por el Ministerio de Salud. Los apuntados son tres empresas, de las quince que prestan en nombre de la OSEP, las atenciones por emergencias.
Los senadores consultados aseguraron que así como va la situación de la OSEP no hay esperanzas de que mejore si no se da un golpe de timón de 180 grados. Acompaña el pésimo estado en el que se encuentra la salud pública de Mendoza, dijo anoche un senador radical consultado para esta columna.
Además de la posible mala administración y de los recursos con que debería contar, hay otros factores que agravaron el estado de cosas. Entre ellos:
1) La obra social no dispone de los aportes de los agentes públicos que se les descuentan mes a mes. Hay fuertes demoras. Esos dineros se quedan en el fondo unificado que administra el Ministerio de Hacienda que es quien dispone de esos fondos donde se centralizan las cuentas públicas.
2) Los jubilados del Estado provincial no van al PAMI, se quedan en la OSEP. Entonces es el PAMI quien debe enviar una compensación por esa atención. Se calcula que son unos 30 millones de pesos al año que no aparecen, no llegan o se gastan en otra cosa.
3) Una planta de personal abultada, que fue creciendo casi sin control en los últimos años y que cuenta con sueldos altos. Preocupa no sólo por el gasto, sino porque además no se mejoró la gestión ni la atención al público ni al afiliado. Proponen adecuar el recurso humano para mejorar la atención y los problemas.
4) La adhesión a la ley nacional para incorporar con plenos derechos a los discapacitados fue un impacto que no alcanzó a ser mitigado.
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