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CRUCE DE PODERES

A los 78 años, el juez Böhm no se jubila y en la Legislatura hablan de “incapacidad psicofísica

Esto surge del extenso escrito mediante el cual dos legisladores pidieron este miércoles el juicio político para este ministro de la Suprema Corte, por haber favorecido en una sentencia a otra magistrada que antes él había calificado como amiga íntima suya.
Por Delia Segura, directora de SITIO ANDINO

“Incapacidad psicofísica”. Este es el segundo de los argumentos que aparecen en lo medular del escrito mediante el cual ayer dos legisladores solicitaron formalmente que se inicie el juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm.

El primero y principal motivo del pedido es que en noviembre del año pasado haya votado a favor de que la jueza Stella Maris Ontiveros reciba $800.000 de indemnización por haberse caído en su despacho en el 2001 y no haber podido seguir trabajando. Esto, siendo que en el 2007, cuando se intentó enjuiciarla, Böhm se negó a participar del proceso aduciendo “amistad íntima” con la magistrada.

Al centro de la imagen, Carlos Böhm, junto a otros dos jueces del máximo tribunal: Nanclares y Pérez Hualde.

“El accionar del magistrado denunciado resulta irremediablemente irregular”, consta en un párrafo de la presentación hecha por el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez este miércoles.

Más adelante, el documento dice textualmente: “Surge claro entonces que las potenciales causales no son sino la mala fe y la incapacidad psicofísica que seguramente informaron la conducta irregular llevada a cabo por el denunciado, por lo que se opte por una o por las dos causales, queda configurada la causal de mal desempeño que amerita la destitución que se solicita”.

“Por su parte y en referencia a la salud sicofísica del denunciado, conforme surge de numerosos comentarios y apreciaciones de terceras personas vinculadas diariamente en razón de su actividad judicial, esto es, colaboradores, algunos colegas y personal judicial en general, son contestes en manifestar en forma unánime, el deterioro mental que informa la conducta del denunciado, lo que inclusive le impide tener plena capacidad física y mental requerida para el desempeño de tan alto cargo”.

“A ello se debe sumar su avanzada edad (78 años) con lo que entendemos y afirmamos que, salvo prueba en contrario, no se encuentra capacitado plenamente para prestar la función de juzgador, lo que evidentemente, no solo en el caso fáctico antes mencionado base del presente pedido de juicio político, sino también en todos los demás casos en que intervenga está en peligro evidente el servicio de justicia con el consiguiente perjuicio para terceros litigantes que acuden al Tribunal en busca de justicia".

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